Grosera manipulación de la emergencia

La ineficiencia en la gestión pública se ha hecho recurrente en los últimos años. Ello se ahonda con los casos de corrupción, uso indebido de bienes del Estado en los más altos niveles y las aprehensiones indebidas. Son éstos los temas a los que la Presidenta del Estado no se ha referido en los últimos dos meses.

La simplicidad de los números de bonos otorgados y las disculpas por no hacer más no son la mejor referencia de cómo realmente está el país y cómo sobrevivimos los bolivianos en tiempos de la pandemia de la Covid-19, cuando la pobreza, la marginación, la humillación de parte de varios ministros y la falta de servicios esenciales es palpable.

Esos son los temas centrales a los que todo gobernante serio, responsable, pero, sobre todo, consustanciado con los problemas de su país debiera referirse. Pero no, la Presidenta prefiere estar encapsulada en Palacio y en la Residencia de San Jorge, pues a casi 100 días después de conocido el primer caso de coronavirus en el país, su Gobierno ha ido de tumbo en tumbo hasta caer en insospechados niveles de corrupción en la adquisición de equipos, materiales e insumos y ejecutar transacciones directas, vulnerando procedimientos establecidos en contrataciones que nada tienen que ver con la pandemia, pero que mañosos funcionarios del nivel central de la administración del Estado justifican con la emergencia sanitaria.

Y, para colmo de males, a tono con la irresponsabilidad de cientos de ciudadanos, desde el 1 de junio pasado, el Gobierno deja en manos de autoridades de gobiernos municipales y gobernaciones el manejo de la crisis, conociendo la escasez, no solo de recursos humanos, sino de equipamiento de los centros hospitalarios de primer, segundo y tercer nivel. Ese es el colmo de la irresponsabilidad del régimen que se escuda en achacar al Movimiento al Socialismo de no haber hecho nada por la salud y de haber despilfarrado la economía.

Pero nada de eso justifica el flaco discurso de la Presidenta y de algunos ministros autoritarios, mientras tanto la salud, que es un derecho fundamental y cuyos servicios son garantizados por la Constitución, está lejos del alcance de la población, pues la realidad nos muestra que es más que evidente que los servicios y la gestión en salud son más que deficientes por factores atribuibles a los tres niveles del Estado (central, departamental y municipal), porque la Presidenta, los gobernadores y alcaldes prefieren invertir miles de millones de bolivianos en hacer publicidad de su imagen personal con mensajes insustanciales sobre bonos, donaciones, compromisos, etc., manipulando groseramente la emergencia sanitaria, en lugar de plantear que están trabajando en construir políticas públicas de salud y en campañas de concienciación ciudadana que, en países como Colombia, Argentina, Uruguay o Paraguay han dado resultados óptimos.

Lo que sí queda claro, es que la pandemia del coronavirus ha puesto en evidencia la miseria humana de varias autoridades, en unos casos, y de decenas de ciudadanos, en otros.

Finalmente, el sistema de salud pública no puede seguir siendo manejado por los tres niveles a su vez, pues hay necesidad de corregir esa deficiencia técnico-administrativa, y si no se logra, la acusación de unos a otros por incumplimiento será de nunca acabar. ¡Carajo, basta ya, con la salud no se juega!

El autor es abogado y docente en la UMSS