YPFB: el nuevo Gobierno y las adjudicaciones de emergencia

Al amparo del DS 29506 de fecha 9 de abril de 2008, YPFB procedió a adjudicar muchos contratos “de emergencia”, tanto durante el Gobierno del MAS como en la actual gestión, por lo menos, hasta el primero de junio del año en curso, fecha en la que se levantó la declaratoria de emergencia por la pandemia. Sin embargo, el referido DS no es una norma para compras de emergencia sino para compras y contrataciones directas. Mediante reglamentación, se forzó el concepto de emergencia.

A partir de entonces, los funcionarios utilizaron el pretexto de emergencia para adjudicar y contratar al margen de todo control y fiscalización. La nueva administración de YPFB, emitió la resolución administrativa (RM) PRS 078/2020 de 31 de marzo de 2020 para aplicar el mencionado DS 29506, apoyándose en tres decretos del mismo mes de marzo, y sólo con la firma de Herland Soliz, presidente de YPFB, y sin mencionar informes legales o técnicos, los que normalmente constituyen su respaldo. Estos últimos decretos establecen la emergencia sanitaria y cuarentena por la pandemia, pero no otorgan a ninguna empresa atribuciones para adjudicar o contratar de emergencia, sólo mencionan que las empresas de abastecimiento, como YPFB deben operar de manera ininterrumpida.

Por lo expuesto, es fácil colegir que la RM 078/2020 es una disposición impuesta para operar, al igual que en el Gobierno anterior, al margen de la legalidad establecida. Por la cantidad de adjudicaciones de emergencia que YPFB efectuó en menos de un mes (todas en la primera quincena de abril), como se detalla a continuación, es inocultable el apuro que existió entre los operadores de los negociados. Si suponemos la buena fe del presidente de YPFB, aunque todas las contrataciones fueron autorizadas por su presidencia, es evidente que la estructura delictiva fue montada básicamente por funcionari@s que trabajan en las reparticiones de contrataciones y en las oficinas legales de la empresa.

Veamos ejemplos de las adjudicaciones de emergencia realizadas por la nueva administración de YPFB, algunas de las cuales finalizaron y otras fueron frustradas.

Las primeras gestiones de emergencia, entre el 6 y el 9 de abril, fueron las adjudicaciones para la importación de diésel e insumos y aditivos (léase gasolinas), con cuatro empresas de Panamá, Perú, Argentina y Chile por el monto de 238,33 MM$us. El mayor adjudicatario de las cuatro empresas fue la panameña Unlimited Corporation Business con un monto de 101,72 MM$us.

Ninguna de estas adjudicaciones fue “formalizada” debido a que el Gerente Corporativo de Contrataciones, comunicó a la Gerencia de Productos Derivados e Industrializados que, mediante DS 4245 de 28 de mayo, se levantó la declaratoria de emergencia por la pandemia y que el 1 de junio, mediante la RM 081/2020 quedó sin efecto la RM 078/2020. A la fecha no se sabe si estas adjudicaciones fueron anuladas o si fueron “formalizadas”.

El 8 de abril, a título de emergencia, se firmaron contratos con 42 empresas de cisternas para el transporte nacional e internacional de petróleo y condensado, productos refinados, GLP, gasolina blanca y gasolina rica en isopentanos por un monto de 24,24 MM$us.

Todas las adjudicaciones anteriores fueron firmadas por la Responsable del Proceso de Contratación, actualmente encarcelada.

A la filial YPFB Chaco, el 9 de abril, se adjudicó la contratación por emergencia para servicios de operación y mantenimiento de la planta Gran Chaco, para la gestión 2020, solicitados por la Gerencia de Industrialización por un monto 13,39 MM$us. Ya en junio se hizo conocer el intento de firmar un contrato irregular similar, también con YPFB Chaco, por 36 MM$us, para la Planta de Urea.

Como emergencia, se firmó también un contrato de Servicio de Registro y VSP para el pozo Sipotindi X1, adjudicado el 16 de abril a la empresa Schlumberger Surenco, hasta un monto de 992 mil dólares, ajustable en función de precios unitarios de distintos rubros. El contrato está finalizado.

Al listado anterior se debe sumar la adjudicación del servicio de alimentación y limpieza en el campamento de Río Grande, con sobreprecios, por un monto de 1,2 MM$us y la adjudicación irregular de los seguros de YPFB a Credinform por 7 MM$us, anulada posteriormente a raíz de denuncias de la competencia y del escándalo desatado.

El expresidente Soliz de YPFB en su declaración en la fiscalía, a modo de descargo, sostuvo que dos de las responsables de las adjudicaciones fueron contratadas por recomendación del Ministro de Hidrocarburos, razón por la que no pudo removerlas.

El Ministerio de Hidrocarburos, la fiscalía y las instancias de transparencia, deben acelerar las investigaciones y concluir con sanciones ejemplares, no solo por daño moral y económico al Estado sino por conformar asociaciones delictivas. En muchos casos la corrupción no terminó en contratos, sólo debido a denuncias públicas.

El autor es ingeniero químico y petroquímico