Violencia policial intrafamiliar
El caso del teniente de policía condenado, la semana pasada, a 30 años de reclusión por haber dado muerte a su pareja parece ser solo parte de la punta de una pirámide de oprobio y sufrimiento. Oprobio para la institución del orden y sufrimiento para las parejas de muchos de sus efectivos que las agreden en diversos grados.
Igual que sucede con los icebergs –esas inmensas masas de hielo que flotan en los mares próximos a los polos y cuya parte visible es apenas un octavo de su volumen total– el caso del ahora exteniente homicida muestra solo una pequeña parte de una penosa e inquietante realidad, evidente en las denuncias contra efectivos policiales por violencia intrafamiliar y en el resultado de estas.
En efecto, entre enero y agosto, 222 funcionarios policiales fueron denunciados ante la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia por violencia física, psicológica, sexual, en la mayoría en contra de sus parejas.
Es cierto que las circunstancias excepcionales resultantes de la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19 y el confinamiento obligado que vivimos durante meses exacerbaron las tensiones en todos los hogares, incrementando las agresiones contra mujeres y niños, provocando “un estremecedor repunte global de la violencia doméstica” no solo en Bolivia, sino, al menos, en toda América Latina, como lo alertaba a principios de abril pasado el Secretario General de la ONU, al pedir a los gobiernos acciones para asistir a “las mujeres se vean atrapadas con parejas abusivas”.
Es cierto también que las agresiones de género en una sociedad machista como la boliviana son tristemente frecuentes en todos los estratos de la población.
Pero el asunto adquiere un cariz de mayor inquietud y alarma cuando quienes maltratan y matan a sus parejas son, precisamente, los profesionales encargados de velar por la seguridad de todos los ciudadanos. Y más alarmante aún es el encubrimiento del que gozan los denunciados por parte de sus camaradas. Pues apenas el 1% de esas denuncias culmina en una sanción disciplinaria.
El Ministerio de Gobierno decidió obligar a los policías a someterse a exámenes psicológicos como uno de los requisitos para sus ascensos. La medida es positiva y podrá ayudar a detectar a quienes maltratan a sus parejas. Pero no es suficiente para disminuir la violencia de género en la Policía. Como tampoco son suficientes las normas legales específicas que apuntan a prevenir, evitar y castigar esa violencia en todos los hogares bolivianos.
La violencia contra la mujer es un asunto cultural que necesita, para erradicarla, una acción más vasta y profunda, especialmente entre las nuevas generaciones.
