Administración de justicia y crisis de institucionalidad
Las recientes decisiones judiciales de dejar sin efecto las órdenes de aprehensión emitidas en contra del último expresidente y de uno de sus exministros ponen nuevamente en el foco de la atención ciudadana el desempeño de los funcionarios encargados de la administración de justicia en el país.
No se trata aquí de calificar, como correcta o incorrecta, la decisión del juez, el mismo en ambos casos, que benefició a los referidos exfuncionarios jerárquicos del Estado. No, pues determinar aquello es atribución de los juristas y de las autoridades competentes. Las autoridades del Órgano Judicial de Bolivia, una instancia estatal cuyo desempeño está marcado por un evidente sometimiento al poder político de este Gobierno transitorio, del que le precedió y también de los anteriores.
Pero la versatilidad de los jueces y fiscales –que acomodan sus decisiones de acuerdo a las presiones políticas– es solo uno de los aspectos que configuran la imagen que tiene la ciudadanía de ellos. Una imagen determinada por la experiencia de tener la necesidad, o la obligación, de acudir a los tribunales. O por las noticias respecto de casos celebres, como el del médico sentenciado a reclusión por unos jueces que sabían de su inocencia y que se hizo público por la infidencia de una de las juzgadoras que habló del asunto en estado de ebriedad.
Y esa percepción ciudadana, que coloca a la administración de justicia como la menos merecedora de confianza entre todas las instancias del Estado, ha sido corroborada por varios estudios. El último de ellos, el Índice de Estado de Derecho 2020, que elabora cada año la organización The World Justice Project (WJP) coloca al sistema judicial de Bolivia en el puesto 121, de 128 países, en lo que respecta a la confianza que le otorgan los ciudadanos.
Según ese informe, en Bolivia, el estado de derecho a menudo es eludido, y el sistema en sí mismo es muy débil e ineficiente. La corrupción y la falta de transparencia son un problema constante y de acuerdo con los criterios de ausencia de corrupción, el país ocupa el lugar 124.
En 12 días más el país estrena un nuevo Gobierno que deberá encarar las urgencias resultantes de las crisis económica y sanitaria. Y también la de la administración de justicia que no por ser de antigua data deja de ser urgente.
La amplia mayoría que ha dado la victoria electoral a los nuevos mandatarios es la manifestación de una confianza que tendría que traducirse en el compromiso de actuar de manera decidida para transformar el Órgano Judicial en uno digno de confianza y a la altura de la majestad de ley.
