La independencia del Poder Judicial
El caso del abogado del Comité Pro Santa Cruz detenido el sábado en la capital oriental por el delito de conducción peligrosa, y luego enviado a La Paz por otra causa, ha provocado la intervención pública del Ministro de Justicia para responder a las denuncias de persecución judicial en contra del detenido, que participó de las demandas de renuncia del Fiscal General.
La detención del asesor legal de los cívicos cruceños se produce después de una serie de decisiones judiciales que favorecieron a autoridades del anterior gobierno del MAS y a militantes de ese partido, procesados por asuntos relacionados con el fraude electoral del año pasado y la convulsión social resultante de esos comicios fallidos.
Esas decisiones fueron observadas y criticadas, pero no merecieron la intervención pública de una autoridad del Gobierno, pues el Ejecutivo no tendría que referirse a temas que tengan que ver con la acción de jueces y fiscales –así lo declaró ayer el Ministro ayer –, pero esta vez, el Órgano Ejecutivo juzgó necesario proclamar que “por ningún motivo va a intervenir en ningún caso concreto”.
“La independencia de la justicia debe ser plena, absoluta y garantizada”, aseguró el Ministro. Y, corroboró su afirmación leyendo tres veces el artículo 3 del Código de Procedimiento Penal que se establece que “Los jueces serán imparciales e independientes, sometidos únicamente a la Constitución, (...) y a las leyes”.
Así lo establece la ley, pero no hay ninguna que se refiera a la versatilidad de jueces y fiscales que ajustan sus decisiones a las presiones, o sumisiones, políticas del momento, circunstancia que no es nueva, pero que actualmente reviste una especie de calidad institucional, pues el Poder Legislativo interviene en la designación de las autoridades máximas del Poder Judicial y de la Fiscalía.
En el primer caso al habilitar a quiénes pugnan por el voto popular para ser elegidos en esos puestos jerárquicos. Y en el segundo al designarlo de manera directa “por dos tercios de votos en la Asamblea Legislativa”.
Ese mecanismo propició “un proceso creciente de subordinación de la Justicia al Ejecutivo y de judicialización de la política”, sostiene Moira Zuazo, una politóloga boliviana, investigadora asociada de la Universidad Libre de Berlín, citada en un artículo de Deutsche Welle, el servicio oficial de radiodifusión internacional de Alemania, que intenta explicar de quién depende la Justicia en Bolivia.
Ayer, en su intervención pública el Ministro de Justicia transmitió la decisión del Presidente del Estado de revalorizar la independencia del Órgano Judicial. Esa decisión tendría que ir acompañada de una iniciativa para reestructurarlo en profundidad, comenzando por cambiar el mecanismo de designación de sus autoridades máximas. Lo que implica reformar de manera parcial la Constitución.
