No necesitamos ministros presos por el manejo mercachifle de la tierra

Con el grito de “¡Abajo las haciendas, arriba los pueblos!”, y “tierra y libertad”, en mayo de 1911, Emiliano Zapata se incorporó a la Revolución Mexicana. En 1920, los anarquistas, en la voz de Tristán Marof, proponían para Bolivia “minas al Estado, tierras al pueblo”, lo que después alimentó la base programática de la revolución de abril con la reforma agraria, y el principio “la tierra es de quien la trabaja”. Los movimientos revolucionarios centroamericanos y el colombiano, de tan larga duración, tenían a la tierra como el eje principal de sus demandas.

La tierra escasa e improductiva, la mala distribución, el comercio que se hace de ella, el acaparamiento, los latifundios, la exclusión de los campesinos han servido de motivación a las molestias sociales que reivindican igualdad de oportunidades. Desconocerlo tendría que significar el hacerse responsable de sus consecuencias.

Pero ¿qué ocurre en un lugar como Bolivia en el que la tierra, por la baja densidad de población que tenemos, no plantea en principio la dificultad existente en otros países?

No debemos acostumbrarnos a que la corrupción defina derechos, ni a que la tierra se convierta en una mercancía que saque de pobres a quienes la administran. Voy a plantearlo en términos del departamento de Santa Cruz, espacio de oferta gubernamental para cumplir con sus promesas electorales, y que está generando molestias crecientes por el loteamiento de los espacios de las reservas naturales. Una responsabilidad que tienen que asumir, después del 3 de mayo, el gobernador y los 56 alcaldes del departamento de Santa Cruz, en ejercicio pleno de la autonomía y, con ellos, todos los gobernadores y alcaldes del país, debiera ser un compromiso por el respeto de la tierra y la sostenibilidad del desarrollo.

Algunos datos para poner en contexto el tema. En Bolivia seremos 11.842.000 habitantes este 2021, según proyección del INE. El departamento de Santa Cruz tiene 370.621 km². Si realizamos una operación simple, dividir la totalidad de la población boliviana entre el territorio del departamento de Santa Cruz, arroja 32 habitantes por km². En esa hipótesis imposible, pues tendrían que venirse la totalidad de los habitantes de Bolivia a Santa Cruz sin que quede nadie en los otros ocho departamentos, podemos afirmar que el territorio sería perfectamente manejable si lo hacemos respetando la normativa existente. Algunas cifras para comparar: Haití tiene 395 habitantes por km². Japón, 337. El Salvador 316. Guatemala 162. Cuba 103. Costa Rica, 98. México, 63...

Si esto es cierto, entonces el problema no es la falta de tierra, sino el incumplimiento al aplicar la relación entre producción, población, sostenibilidad ambiental, gestión y desarrollo. Y como está claro que no tendremos la totalidad de la población boliviana en Santa Cruz, nos toca cumplir nuestra parte en la sostenibilidad, y exigir a nuestras autoridades el respeto de la planificación territorial, las normas del Plan de Uso de Suelo y la realización de una actualización cartográfica que nos ubique dónde y cómo estamos viviendo realmente. De esta manera, el gobernador y los alcaldes, podrán brindar los servicios básicos de su competencia en favor de la población, sea autóctona o migrantes. Y el gobierno nacional, obligatoriamente, tendrá que coordinar cualquier decisión que adopte en esta materia, para no abandonar irresponsablemente a la gente a su suerte u obligarla a ingresar al negocio de la tierra.

Esto quiere decir, por un compromiso con nosotros mismos y la humanidad, que debemos respetar los parques: Noel Kempff Mercado, Amboró, Kaa-Iya del Gran Chaco, Otuquis, San Matías, Parque regional Lomas de Arena, la reserva departamental Valle de Tucavaca, Unidad de Conservación del Patrimonio Natural Güendá-Urubó, Parque Nacional Histórico Santa Cruz La Vieja, Monumento Natural Espejillos, Reserva de Vida Silvestre Ríos Blanco y Negro, Reserva departamental de vida silvestre en cicatrices de meandros antiguos del rio Ichilo, Área Natural de Manejo Integrado Río Grande-Valles Cruceños, Área protegida Humedales del Norte, las áreas protegidas municipales, las reservas privadas declaradas con esos fines, las tierras comunitarias de origen y los territorios indígenas. Todo eso es perfectamente posible, y debe cumplirse, para ser coherentes. Similar acción debe aplicarse en los otros ocho departamentos.

Basta de hacer negocio con la tierra y el futuro de los bolivianos.

El autor es director de Innovación del Cepad