Educación: otro año, víctima de la pandemia
El desempeño del Ministerio de Educación parece complicar, aún más, la ya complicada situación que enfrentan la mayoría de los tres millones de colegiales y escolares bolivianos que el año pasado tuvieron apenas cinco semanas de clases presenciales, debido a las restricciones sanitarias.
Si bien desde el inicio de la gestión escolar 2021 –el primer lunes de febrero– las perspectivas de un aceptable desarrollo de las actividades educativas no eran promisorias, su desarrollo en estos tres meses y medio no ha dejado de confrontar problemas cuya solución demora.
Esta situación está directamente ligada al azote de la pandemia de Covid-19, es cierto. Tan cierto, como que las autoridades del área tuvieron más de dos meses para poner a disposición de alumnos y profesores, los recursos tecnológicos que permitan a los primeros aprender y a los segundos enseñar en un ámbito diferente al de las aulas, pues la única seguridad que se tenía entonces, igual que ahora, es que tenemos que vivir con el azote del coronavirus y sus variaciones en la escalada de contagios.
A esta altura de la gestión escolar, es evidente que la educación pública no termina de despegar, pues el Ministerio de Educación tampoco termina de adecuar sus acciones a estas extraordinarias circunstancias sanitarias.
Además de ello, las circunstancias se agravan en el ámbito educativo debido a las carencias tecnológicas –de conectividad y de equipos– especialmente en las áreas urbanas, donde se concentra la mayor parte de la población escolar, y el riesgo de contagio es mayor.
Pero las acciones del Ministerio de Educación complican aún más la situación. Y eso en varios aspectos: por ejemplo, hasta ahora no existen los ítems suficientes para miles de maestros, y decenas de miles de niños y adolescentes carecen de equipos para estudiar a distancia lo que motivó a los padres de familia a imponer el retorno a las clases semipresenciales que, en muchos casos, condujeron al contagio de educandos y educadores.
La última de esas acciones oficiales, que más parece dirigida a objetivos ajenos a la educación, es la instrucción de utilizar, de manera obligatoria, la plataforma Educa Bolivia, para las clases virtuales.
Esa imposición, dictada a tres meses de iniciadas las clases y rechazada por el magisterio, no toma en cuenta que tanto maestros como estudiantes utilizan otras plataformas gratuitas y han adquirido las habilidades suficientes para servirse de ellas con eficacia.
Así, la única certidumbre, es que “no tenemos una fecha exacta para el retorno a las clases presenciales”, como lo admitió el Ministro de Educación. Y la gran posibilidad es que esta gestión escolar, en términos de aprovechamiento sea muy similar a la de 2020.
