Mientras la financiarización empobrece…

El financiamiento es un factor necesario (aunque ciertamente no suficiente) que acompaña al desarrollo económico productivo. No es un producto final; es un medio que tiene un costo. Aporta al crecimiento cuando, por cada unidad de crédito, el prestatario incrementa su acervo de activos para producir más, lo que le permite aumentar sus ingresos y devolver el crédito más los intereses (el costo de la intermediación).

Si el financiamiento se destina a adquirir un bien o un servicio existente –pagar vacaciones o comprar un smart-tv, por ejemplo–, o a actividades de muy baja productividad, el prestatario contrae una deuda cuyo servicio reduce sus ingresos futuros (menor capacidad de consumo), genera rentas para el banco (intereses) y los vendedores (ganancias), pero no contribuye a crear un nuevo “producto-valor” en la economía. El bienestar, basado en endeudamiento, es efímero para el prestatario, pero compromete al sector financiero parte de su ingreso futuro.

Con este enfoque, hace un par de años (La aterradora estabilidad financiera” P7, 05/02/18) alertamos que, desde 2014, el endeudamiento de las empresas y de los hogares en Bolivia, era mayor a los ingresos de la economía (el PIB). Este desequilibrio se ha acentuado: entre 2005 y 2010, el incremento anual en cartera equivalía al 87% del incremento del PIB de la economía productiva (la que produce y transa bienes y servicios, y recurre a la intermediación financiera); pero, entre 2010 y 2020, el incremento de la cartera fue dos veces mayor al incremento del PIB “productivo”. Eso implica que el bienestar en Bolivia se soporta en endeudamiento, no en mayor capacidad de generar valor e ingresos.

Pero, el sobreendeudamiento, tiene ganadores y perdedores. Comparando la evolución del ahorro y la cartera del 1% de las cuentas con los mayores ahorros y deudas (115 mil cuentas en ahorro, y 13.000 de cartera), respecto al del 99% restante (1,3 millones y 11,4 millones de cuentas, respectivamente), entre 2005 y 2020 la participación del 1% “mayor” sube del 60% al 84% del ahorro total, y baja del 51% al 45% de la cartera; la participación del 99% “menor”, subió del 49% al 55% en la cartera, y bajó del 40% al 16% en el ahorro. Cabe mencionar que los fondos de pensiones tienen importantes depósitos a plazo fijo, pero no aportan a la cartera.

En consecuencia, en general se infiere que, con la financiarización, los actores con mayores recursos redujeron su participación en la cartera, y la aumentaron en los ahorros, mientras que los menos “afortunados” redujeron sus ahorros y aumentaron su deuda. Por ejemplo, entre 2005 y 2021, el ahorro por cuenta del segmento “99% menor”, cayó de 9.700 a 2.600 bolivianos, mientras que la deuda promedio subió de 29.600 a 77.100 bolivianos. En cuentas de ahorro con hasta el equivalente de 10.000 dólares, el saldo promedio en cajas de ahorro bajó de 4.400 a 1.850 bolivianos, y, en ahorro a plazo fijo, de 30.000 a 13.900; pero, la deuda promedio por cuenta de cartera en este segmento, casi se triplica, de 11.000 a 27.500 bolivianos.

En 2018, sugerimos que los responsables de supervisar la intermediación financiera y de guiar la economía analizaran estas tendencias porque reflejan lo que el FMI, “descubrió” en 2015: sin medidas específicas para reducir estructuralmente la desigualdad, la financiarización de la economía, la acentúa. Las razones para ello, las conocíamos en Bolivia desde los años 80. En una economía como la nuestra, con institucionalidad débil y valores rentistas, crear valor y empleo es penalizado (“justicia”; impuestos; normativa; corrupción; etc.), lo que induce a desviar los recursos hacia actividades que generan renta (auto chutos, ropa “americana”…), o permiten sobrevivir bajo condiciones de autoexplotación laboral.

En este distorsionado contexto, la financiarización es empobrecedora y acentúa la desigualdad (cuentapropismo e informalidad). El gran problema, es que conlleva severas consecuencias económicas y sociales que, de no ser corregidas, anularán cualquiera de las estrategias que el Gobierno pueda adoptar entre las que generen las “cumbres para la reconstrucción económica y productiva”.

Debería preocuparnos, claro, pero es más chévere charlar de golpe, ¿no ve?

El autor es investigador en desarrollo productivo