Sobran leyes, faltan instituciones

Columna
Publicado el 28/10/2021

La aprobación de leyes por sí sola no garantiza la solución de ningún problema, aunque si éstas son buenas y justas pueden ayudar a avanzar hacia un cierto desarrollo, y si son malas o injustas pueden convertirse en obstáculos permanentes para la libertad, el progreso y la convivencia ciudadana.

Por el contrario, la construcción de instituciones —que pueden resultar de normas formales o de reglas no escritas— es lo que define nuestra forma de actuar en la sociedad, es lo que determina el grado de respeto a los derechos ciudadanos y la prosperidad de una comunidad, pueblo o nación.

Realizo esta reflexión cuando el país nuevamente se encuentra confrontado por la aprobación de normas que el Gobierno y su mayoría legislativa procuran aprobar y poner en vigencia. Hay el concepto extendido de que gobernar es imponer leyes que reflejen la visión, la ideología y el proyecto país del grupo gobernante.

Sin embargo, leyes no nos faltan, se cuentan por cientos o miles, sin contar los decretos, resoluciones supremas, ministeriales, administrativas, etc que se aprueban y promulgan cada año, sin que nadie sepa realmente qué es lo que está vigente. Esa sobreabundancia de normas hace necesario que las empresas contraten servicios de asesoramiento especializado para que las vayan orientando sobre lo que tienen que hacer para actuar de acuerdo con la ley. Obviamente, para el ciudadano común es imposible informarse sobre esta carga normativa que debe conocer y acatar desde su publicación en la Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia.

Además, a ello se suman las sentencias judiciales que constituyen jurisprudencia, e incluso las resoluciones de instancias administrativas como la de los entes de control, regulación o recaudación, todas estas configuran a su vez nuevos criterios normativos que regulan la vida de los ciudadanos, de las empresas y de las organizaciones de la sociedad civil. Así, el Estado se vuelve un monstruo imposible de satisfacer, especialmente en países donde la interpretación y aplicación de las normas quedan sujetas a la discrecionalidad de jueces y funcionarios designados políticamente, dejando al ciudadano en un estado de indefensión jurídica.

Las instituciones, por el contrario, son esencialmente expresiones de la cultura que rige la interacción social; en el fondo son los valores y las reglas que determinan cómo nos relacionamos. Por ello, aunque copiáramos la Constitución suiza o las leyes y normas de los países más desarrollados, no alcanzaremos de manera automática sus niveles de progreso económico y social mientras no conciliemos esas normas con un comportamiento diferente, tanto en lo individual como en lo colectivo.

Si no hay coherencia entre el espíritu de la ley (suponiendo que sea justa) y la conducta de quienes la aplican, de nada servirán nuevas normas legales o mayores atribuciones para quienes ejercen autoridad en los cuerpos de la administración del Estado. Si la ciudadanía no considera que una ley es justa y/o si la gente no confía en que quienes la aplicarán van a actuar respetando sus derechos, la ley no tendrá legitimidad y no cumplirá su función.

Si, cómo generalmente sucede en Bolivia, la norma está mal redactada, dando lugar a interpretaciones abusivas y, además, quienes la aplican, actúan guiados por la consigna política o por la codicia de la corrupción, el resultado será que la población vivirá buscando la forma de evadir su cumplimiento. Es el famoso “se acata, pero no se cumple”, que viene desde hace siglos marcando el carácter mayoritariamente informal de nuestra sociedad, como una forma de rebelión contra el poder para asegurar la supervivencia económica.

Por ello, en lugar de seguir aumentando la maraña legal que asfixia a los ciudadanos y a la sociedad, debemos concentrarnos en construir instituciones como, por ejemplo, una administración de justicia independiente compuestas por jueces y fiscales probos, con garantías para su libertad de fallar según la ley y su conciencia, al mismo tiempo que con responsabilidad y obligación de rendir cuentas de sus actos. Es la única forma de avanzar hacia un verdadero desarrollo y dejar de engañarnos con el mito del efecto mágico de las leyes para solucionar los problemas.

 

El autor es expresidente del Senado y exministro de Economía

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