La cultura del conflicto

Columna
Publicado el 26/11/2021

Bolivia nuevamente ha vivido días de violencia, división y confrontación. Es un pasado que entrampa al presente e inviabiliza el futuro. Frente a un conflicto social como el que hemos experimentado durante las pasadas semanas, lo razonable sería buscar escenarios de diálogo que permitan a la sociedad construir consensos mínimos para superar la crisis múltiple que afrontamos (económica, política, social, sanitaria).

Pero se sigue el camino contrario, apenas se supera el conflicto se amenaza con nuevos juicios, con lo que se condena al país a nuevos enfrentamientos, quizás porque el enfrentamiento permanente es el terreno para el que la cultura política predominante forma a los dirigentes y gobernantes, despreciando el diálogo y el debate democrático como fundamento de la convivencia pacífica en una sociedad plural y diversa.

Las diferencias en el trato estatal a los ciudadanos se profundizan. Los representantes de los pueblos indígenas que marcharon pacíficamente desde la ciudad de Trinidad hasta la de Santa Cruz de la Sierra son menospreciados por las autoridades que son condescendientes con quienes avasallaron predios productivos, secuestraron periodistas y policías, los golpearon y amenazaron sus vidas, demostraron en los hechos que son un grupo armado irregular que goza de la protección política que les garantiza la impunidad frente a los graves delitos que cometieron.

El resultado es que la sensación de injusticia se agrava, generando mayor incertidumbre e inseguridad de los ciudadanos que pierden la poca confianza que podrían tener aún en las instituciones estatales. ¿Cómo se puede justificar que a los secuestradores de Las Londras no les pase nada cuando todo el país los ha visto, azorado, amenazar la vida y violar los derechos fundamentales de ciudadanos que cumplían su labor, ya sea como trabajadores de la prensa o como responsables de la seguridad pública?

Lo sucedido con el paro multisectorial no es diferente. Las imágenes de grupos de choque —movilizados en vehículos incautados al narcotráfico y entregados en custodia a entidades públicas— que gozaban de la protección policial para atacar y agredir a ciudadanos que protestaban de manera pacífica en las calles, refleja la profunda distorsión del uso de la fuerza pública por parte del Estado.

Nuevamente la injusticia se comprueba con los hechos, puesto que mientras los agresores gozaron de libertad, muchos ciudadanos fueron detenidos y otros son amenazados con juicios. Se rehúye aceptar que las normas abrogadas contenían disposiciones que abrían las puertas a su aplicación discrecional y arbitraria, violando los derechos de los ciudadanos y amenazando su patrimonio, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa. Eso es lo que movilizó a amplios sectores de la población que se sintió amenazada e indefensa si esas normas se aplicaban.

Ninguna de estas situaciones pasa sin consecuencias para el país, sino que tiene efectos estructurales sobre nuestras posibilidades de desarrollo. El conflicto permanente, la división y la confrontación ciudadana, constituyen barreras casi imposibles de superar para el progreso económico y social de una sociedad. La incertidumbre se vuelve la constante y el largo plazo desaparece de las expectativas, debido a que las inversiones en el país se perciben como riesgosas con lo que se vuelven más escasas y se reducen a las que realizan los empresarios nacionales.

Por ello, cuando me refiero al pasado, apunto a esa escuela de conflicto permanente en la cual gran parte de los gobernantes y dirigentes políticos y sectoriales han sido formados. Es la forma que conocen de destacarse y de proyectarse. En el corto plazo, satisfacen sus objetivos personales y los de su entorno cercano, puesto que alcanzan cargo y espacios públicos que no hubieran logrado con ideas, propuestas o visión de desarrollo. En el mediano y largo plazo, el conflicto los terminará devorando y continuará haciendo más difícil la construcción de ese espacio común llamado nación.

 

El autor ha sido presidente del Senado y ministro de Economía

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