Los rostros de la justicia (II)

La reforma judicial trasuntada en la Constitución de 1994 fue quizá una de las pocas efectuadas con buena fe porque participaron delegados del Colegio Nacional de Abogados, juristas escogidos por cada partido político, jurisconsultos independientes conocidos por su honorabilidad y versación en la ciencia del derecho, profesores universitarios, además de la permanente de la prensa.

Manteníamos el ingenuo criterio que con la creación del Tribunal Constitucional (TC), el Consejo de la Judicatura (hoy de la Magistratura) y del Defensor del Pueblo se irían a amainar los graves vicios del “sistema judicial”.

En 1992 conversamos personalmente con Manuel García-Pelayo, presidente del primer TC de España, constituido en 1978, quien detalló importantes experiencias respecto del funcionamiento de dicho tribunal provocándonos esperanzas de que en Bolivia podría estructurarse uno similar Constitucional cualificando a la justicia.

Fue grave error porque primó la ilusión por encima de la realidad. Apelando a un tosco ejemplo, esas tres nuevas instituciones se asemejan a un automóvil de Fórmula 1 que compiten en una carrera en el camino a los Yungas, la muerte estaba asegurada. No solo el TC, sino el Consejo de la Judicatura y el Defensor del Pueblo eran y son máquinas desproporcionadas para recorrer por los accidentados caminos de Bolivia.

El TC nació muerto, intervinieron el “cuoteo” partidario y poderes ocultos en la designación de sus magistrados: uno que estuvo ubicado en el lugar 34 de los postulantes terminó siendo elegido por encima de los 10 primeros mejor calificados, este fue anteriormente diputado y su partido negoció su designación con el gobierno de Goni con el que estaba en alianza. Otro que no postuló apareció elegido, pero este tuvo la dignidad de renunciar. Una enfermera, prestigiosa en su ramo, también fue elegida en este extraño cargo jurisdiccional como cuota de un partido político. Son éstas y muchas otras cosas más de las que nunca se habla.

Todos estos extravíos quedaron empequeñecidos con la llegada del plurinacionalismo impulsado por la “hegemonía cultural gramsciana”, que indica que para la captura del poder se debe controlar los medios de comunicación, la familia, la educación y demás segmentos de la superestructura, poniendo énfasis en la apropiación de la “justicia” para la captura del poder total.

Insólitamente, al TC se lo denominó “Plurinacional”, nombre de la ideología del MAS, es como si en épocas pasadas se le hubiese denominado TC emenerrista, adenista, mirista, trotskista, etc., entendiendo los gobernantes que el magistrado de este tribunal y todos los operadores de justicia deben ser agentes al servicio del “proceso de cambio”, por eso el gobierno, calculando mal, organizó las desastrosas Elecciones judiciales del 3 de diciembre de 2017 en las que se impuso el voto nulo, dejando sin legitimidad a los candidatos, derrota que poco les importó pues luego asumieron la magistratura.

Solo así se entiende por qué desconocieron el resultado del referéndum del 16 de febrero de 2016. Interpretaron sin competencia convenios y tratados internacionales, declararon “derecho humano” a las reelecciones presidenciales indefinidas, por lo que los magistrados militantes fueron premiados con embajadas y otros cargos públicos.

Si se quiere saber si en un país existe democracia es suficiente saber cómo se encuentra la justicia, en Bolivia está muerta.

El autor es jurista