Más elefantes blancos
Han comenzado a proliferar nuevamente las noticias sobre los “emprendimientos” del Gobierno. De ese modo, sabemos ahora, por ejemplo, que se ha puesto en marcha una agroempresa pública en Santa Cruz, en los predios que fueran incautados a Jacob Ostreicher, donde se espera sembrar y cosechar maíz, aunque fuera de temporada.
También se ha informado sobre la adjudicación de las plantas de biodiésel, entre YPFB y su subsidiaria YPFB Refinación, un proyecto de nada menos que 387,5 millones de dólares. Y se anuncia la instalación de una segunda planta de amoniaco y urea, diseñada para vender fertilizantes al mercado externo; es decir, otra millonaria inversión pública. También se ha anunciado el montaje de una industria de fertilizantes en Cochabamba.
En enero, el Gobierno inauguró una planta para el procesamiento de quinua en Oruro, donde también se reabrió la planta pública de cemento.
Las grandes inversiones que efectúa el Gobierno -faltan otras, por supuesto- serían motivo de júbilo si no fuera porque el país ya conoce los resultados de estas cuantiosas erogaciones de recursos públicos en industrias y empresas que no funcionan y que, por el contrario, se han convertido en fuentes de pérdidas y de déficit fiscal para el Estado de un país pobre como el nuestro. Son los célebres elefantes blancos del masismo.
Y hasta se cuenta con cifras. Según la Memoria de la Economía Boliviana 2021, presentada por el Ministerio de Economía, las empresas públicas han registrado un déficit de 2.331 millones de bolivianos; el año pasado, los ingresos de las compañías públicas fueron de Bs 48.187 millones, pero los gastos llegaron a Bs 50.518 millones. Es decir, la incursión del Gobierno en el sector productivo no deja ganancias sino números rojos.
Es conocido el modus operandi de estas “inversiones”, inauguradas por el expresidente Evo Morales. En primer lugar, se aduce la cepalina sustitución de importaciones como paraguas general de la necesidad de crear empresas públicas. En segundo lugar, viene la adjudicación o contratación directa, que es posible por una manipulación de las normas que evita la licitación, nacional o internacional, para una adecuada y transparente compulsa de ofertas técnicas y de precios; posteriormente, la “nueva industria” se convierte en un centro de pegas para los militantes del oficialismo, sin que importe si los que trabajan en ellas son competentes o no; luego, se conoce poco o nada sobre la administración, lo cual crea un ambiente de opacidad favorable a la corrupción. En un penúltimo paso, se consolidan las pérdidas, gestión tras gestión, que deberán ser cubiertas, también, con recursos públicos, porque el Estado se debe responsabilizar por el déficit fiscal, que en promedio llega a 8 por ciento en los últimos años; como estas “empresas” sólo producen pérdidas, el Gobierno recurre al endeudamiento interno y externo para mantenerlas a flote.
El Gobierno no debería crear más fuentes de pérdidas para el Estado. Lo lógico es el cierre de estas compañías fracasadas, pero siguen funcionando. Y, para colmo, ahora se instalan más “empresas”, que se parecen a aquellas de las dictaduras militares: lo importante era montarlas y no que funcionaran. Hoy es igual.
