La zarina, el Apartheid en red y la colectivización de la opinión

La puesta en suspenso del llamado “Ministerio de la Verdad” y la salida de escena de su directora, Nina Jankowicz, no produjeron el sentimiento de alivio que la administración Biden esperaba al desandar su hasta hoy más controversial decisión en seguridad interna, sino que agudizó la incertidumbre y la perturbadora sensación de los estadounidenses de haber viajado en una nave que estuvo a punto de encallar en Cuba o Irán. 

Nada de hiperbólico hay en esa afirmación pues el rezumar de datos en torno a la naturaleza de la Junta de Gobernanza para la Desinformación (DGB) empieza a dejar percibir el contorno de lo que fue un intento de instaurar un modelo de colectivización de la opinión pública propia de un régimen estalinista y una estructura clasista de segregación de usuarios en redes sociales con evidente raigambre en el Apartheid.

Como lo lee: en febrero pasado el “ala liberal” del sistema bipartidista instaló no sólo otra sospechosa oficina en el polémico Departamento de Seguridad Doméstica sino un mecanismo supragubernamental que, de acuerdo a su titular, pretendía “convertir a Twitter en Wikipedia” – léase, tornar un soporte de microblogging para el ejercicio de la opinión individual en un proyecto de patrullaje comunitario de la opinión pública, que encaja en la definición de la antropología política de “securitización desde la sociedad civil” (Feldman, Stanford Press, 2015).

Eso explicaría por qué la iniciativa se puso a cargo de Nina Jankowicz, ideóloga del control político de la opinión desde los grassroots, y se le otorgó el rango de “zar”, un nivel de autoridad inherente a áreas críticas de seguridad nacional como la lucha contra las drogas. 

Un zar, transliteración del título nobiliario de los antiguos emperadores eslavos, refiere a un agente investido de poder excepcional. La jerarquía de “zares”, concedida a directores de agencias específicas en EEUU, implica autoridad ad referéndum cuasi discrecional en el marco de su mandato. 

La categoría la acuñó en 1982 el entonces senador Joe Biden, que pedía a la administración Reagan otorgar el nivel de “Zar Antidroga” y una silla en el gabinete al director de la naciente ONDCP; “un individuo con toda la autoridad”, sentenciaba Biden (New York Times, 9 de octubre, 1982: Pp 8), revelando la jerarquía y rol que investiría a su “zarina” antidesinformación.

Su propósito declarado: a) Colectivizar el derecho a la opinión individual, protegido por la Primera Enmienda, forzando al ciudadano a someterse al control de niveles paraestatales capaces de ajustar y corregir sus opiniones; y b) instaurar un nuevo Apartheid en red, regulando una estructura-réplica de la lógica excluyente del sistema migratorio para constituir una ciudadanía virtual segregada entre “confiables” – con estatus pleno de “verificados” – e “indignos de confianza”, categoría en la que cae el sobrante 90% de tuiteros. 

En síntesis: proscribir bajo cargos de “absolutismo de la libre expresión” la formulación de opiniones disonantes y convertir el microblogging en un muro de la verdad oficial a ser esculpido y custodiado por una orden de “confiables” y “verificados”. Una psicosis de control tan propia del fascismo que perturbó a liberales y conservadores. 

Quizá la profesora Feldman, que estudió el régimen egipcio en Gaza, apuntaría que la securitización civil o reclutamiento de la sociedad civil en prácticas de autovigilancia no es en sí negativa y suele tener un efecto de empoderamiento de sus actores, pero –dada la experiencia homóloga del castrochavismo en Latinoamérica– ¿no deberían los ciudadanos estar informados de ser beneficiarios de una seguridad indexada al costo de sus libertades civiles? 

Por otro lado, el titular del DHS Alejandro Mayorkas subrayaba en su deposición sobre el tema ante el Congreso que “esta es apenas la continuación de una política que empezó la anterior administración” lo que, junto con dar continuidad al Título 42 como política migratoria, sólo parece reforzar la percepción de que carecen ya no sólo de un plan propio sino de doctrina.

Jankowicz dejó el gabinete y volvió a sumergirse en el Estado profundo, pero la democracia bajo la administración Biden aún se asemeja a una travesía por el mare ignotum a bordo del Pequod; y así, es inevitable la sensación de que la libertad de expresión fue embarcada en una nave que se interna en aguas oscuras.