Formalidades de un proceso político e informal

A decir de quienes cumplieron el mandato político de sentenciar judicialmente a la expresidenta constitucional Jeanine Áñez por “incumplimiento de deberes”, tipo penal que, de acuerdo a García-Sayán, “es incompatible con el principio de legalidad recogido en varios tratados de derechos humanos, por ser excesivamente amplio y ambiguo” (ver informe de la Misión Técnica que vino a observar el proceso judicial al que estamos refiriéndonos), las señoras Adriana Salvatierra y Susana Rivero no habían renunciado a la Presidencia del Senado y Primera Vicepresidencia de Diputados, respectivamente, porque “no habían presentado su carta de renuncia formalmente” o, lo que es peor, porque las mismas no habían sido consideradas en sesión formal de la Cámara que correspondía.

Uno, que en este oficio y en la vida misma ha visto y oído absurdos grandes, ya no debiera sorprenderse de semejante argumento, pero no hay que hacerle, siempre “aparecerá algo” que supere lo que ya se ha visto y oído; éste es uno de los casos.

Veamos:

La renuncia de la expresidenta del Senado Adriana Salvatierra fue oficial, la expresó en los canales de televisión nacionales en entrevista personal, no en un acto político privado o casa de campaña. En Unitel dijo exactamente: “Hago pública mi renuncia a la presidencia de la Cámara de Senadores” y en Red Uno aseguró “hemos decidido presentar renuncia formal a la presidencia del Senado”; ambas son manifestaciones públicas que asumen, en sí mismas, una determinación personal y política; esa manifestación fue refrendada en la calle por la misma renunciante cuando trataba de ingresar al Palacio Legislativo y la Policía se lo impedía; en ese momento, antes de que alguno de sus acompañantes le rompiera la blusa, para darle motivo de victimizarse, cosa que logró con creces, fue víctima de burlas por su ridícula acción, pero ése no es el tema, ella dijo al policía que le impedía el paso que había “renunciado a la Presidencia pero no a su curul”, con lo que la manifestación de voluntad estaba ratificada. 

Si falta, es bueno ver el libro de Adolfo Serrano Mancilla, Evo Operación Rescate, página 75, en el relato de Álvaro García Linera: “luego Adrianita renuncia a pedido nuestro” (Edición 2021, Editorial Sudamericana. Buenos Aires). 2021: como dos años de ocurrido, ¿queda claro que fue determinación política?

Doña Susana Rivero, exministra y funcionaria de Morales, de triste paso por la administración pública (¿se acuerdan de los grotescos aviones con carne?) y ninguna relevancia como diputada, no podía ser menos en su gestión y accionar; renunció el 10 de noviembre por Twitter, “porque su corazón” la convocaba a ello, aunque rápidamente borró el tuit, pero la renuncia política e irrevocable ya estaba registrada, de manera que no hay motivo para pensar que ambas decisiones debieron ser consideradas en el pleno de las cámaras.

Sin embargo de ello, recordemos que las renuncias no fueron dirigidas para ser consideradas; la primera fue realizada verbalmente y la otra simplemente comunicaba a la Cámara su decisión de dejar de ser vicepresidente de la misma, de manera irrevocable, de manera que debe asumírsela como tal: como la manifestación de voluntad. No hay una solicitud de que se considere si la misma se aceptará, que es una renuncia condicionada a la determinación de un tercero (en este caso, la Cámara).

Así sea repetitiva la consideración, es pertinente: ¿no entienden los juzgadores políticos (no parecen tener otro calificativo) el valor de la determinación personal y política? ¿Un administrador o funcionario político pierde su condición personal? ¿No se puede ir cuando considere que debe hacerlo? ¿Es un esclavo del lugar que ocupa? Para los juzgadores políticos, parece que no, que la decisión de dejar de ser algo, expresada por una persona, no vale porque no fue considerada, aún si no se lo pide expresamente. Es un hecho claro: las renuncias no fueron puestas a consideración de nadie por una determinación política; de manera tal que sólo puede considerarse de otra manera en el fallo porque necesitan una excusa para sentenciar políticamente.

Personalmente, no creo que un juzgador (independientemente del grado de formación y estudios que tenga) no entienda la diferencia de manifestar una voluntad y poner la misma en consideración; muy por el contrario, me asiste el convencimiento de que no hubo en los juzgadores desconocimiento de nada, que lo que hubo fue una carga de militancia política que está reñida con el principio de ejercer el cargo libre de influencia o, lo que es peor, de instrucción política.

Ya lo habían dicho el mismo García-Sayán y el GIEI: en Bolivia no hay independencia judicial; lo demás es lo de menos, cualquier fallo referido al tema “Octubre 2019” tendrá un sesgo político “aleccionador”, con el fin de demostrar que el poder puede más que la “justicia”, que puede más que los opositores estén donde estén, que el poder maneja la ley y, consecuentemente, la administración de justicia, porque esta última está subsumida en el objetivo de ese poder y… asunto cerrado.

Evo Morales y el vicepresidente del MAS, Gerardo García, aseguran a quien los quiera oír que, antes del fallo, Morales, Arce, Lima Magne y otros discutieron sobre lo que debía hacerse con el proceso y que decidieron que no habría caso de corte sino justicia ordinaria (nunca tan ordinaria); dieron todos los detalles que permitieran que la gente asuma que el presidente Arce es simplemente un “numerito puesto” ahí donde está (Presidencia) y que en realidad ellos son los que mandan; en el caso del juicio quedó la impresión de que ello es así; habrá que ver hasta cuándo.

Ya veremos si en las “otras instrucciones” se sigue la directriz del “jefazo”, que ha reclamado mayor fuerza (no ser blandos, habría dicho) para tomar acciones, que ya quedó claro que la oposición no cede, que no hay que buscar la aplicación de la ley (2/3 para elegir al Defensor del Pueblo) sino imponer la mayoría y la fuerza; que hay que incluir un mayor número de políticos (¿Mesa, Quiroga, Doria Medina?) en el proceso “Golpe I”, para generar temor, ¿como en el caso Hotel Las Américas? 

Veremos qué viene más adelante. García-Sayán y el GIEI llegaron de último y sólo repitieron lo que muchos venimos denunciando; para este país no es ninguna novedad lo confirmado por ellos, pero, considerando el lugar desde donde se lo dice, sin duda ambas conclusiones son muy válidas y obligan a cambiar de rumbo al país; el mundo nos ve, el mundo ya sabe qué pasa con la justicia boliviana y que, independientemente del tema que fuere, éste no es un país confiable.

Tengo la impresión de que esto no queda ahí; ahora hay que esperar hasta dónde Arce se somete a Morales, mucha gana de seguir haciéndolo no tiene, ya quedó claro en la interpelación del Niño Ministro;

Arce se sintió Presidente, Morales no contaba con ello. 

A ver qué sigue.