Gobierno: no le tema al referendo judicial

Este jueves 28 de julio el grupo de Juristas Independientes oficializó la Propuesta de Reforma Judicial, presentando ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) cuatro documentos que sostienen y respaldan esta iniciativa ciudadana que amerita una reforma parcial de la Constitución Política del Estado (CPE):

1. El memorial-petitorio recoge los mandatos constitucionales de la democracia directa expresados en la iniciativa popular para la reforma parcial (Art. 411-II CPE) y su desarrollo en la Ley 026 del Régimen Electoral. 

2. La “Exposición de motivos” contiene el diagnóstico, las carencias centenarias de la administración de justicia, y la urgencia de su encaramiento a partir de “tres bases conceptuales y normativas: un nuevo sistema de selección y elección de magistrados, incluyendo al Fiscal General; presupuesto digno y bien administrado, con un mínimo del 3% anual para el Órgano Judicial; y universalizar el acceso a la justicia (…) revalorizando la justicia indígena originaria, estableciendo la Justicia de Paz”.

3. El “Texto normativo”, donde está el detalle de los 15 artículos modificatorios de la CPE, junto a dos nuevas disposiciones constitucionales y dos disposiciones transitorias. 

4. Finalmente, están las cuatro preguntas que se proponen para que el electorado las absuelva en el momento de concurrir a las urnas y que bien pueden resumirse así: ¿Está usted de acuerdo con una reforma parcial de la Constitución que logre jueces independientes, presupuesto judicial suficiente y una justicia que llegue también a los pueblos indígenas y a los barrios populares? 

José Antonio Rivera, Audalia Zurita, Samuel Flores, Rubén Darío Cuéllar, Óscar Vargas y Marcelo Fernández, expresivos de la diversidad étnica, social y regional de nuestro país, fueron los portavoces de los Juristas Independientes, en el breve pero significativo acto que se cumplió en puertas del TSE con el acompañamiento, al menos, de 300 personas.

Se ha cumplido así una primera gran etapa en este camino complejo pero imprescindible de la reforma judicial, iniciado a fines de 2021 con la elaboración del proyecto inicial, continuado con su difusión, cualificado con la participación de comités organizados en los nueve departamentos, que lograron consensuar una versión final qué es la que ha ingresado a consideración del TSE y del Tribunal Constitucional (TCP), dos entidades estatales que deberán viabilizar la consulta popular.

No es que el TSE y el TCP aprueban la propuesta: sólo son los controles estatales que verifican el cumplimiento de requisitos y de prohibiciones que contiene la propia Constitución y la Ley Electoral. 

Por ejemplo, la ley establece que no pueden someterse a referendo los límites departamentales, el régimen de impuestos o la sede de los órganos públicos; y la Constitución no permite reformas parciales que afecten la forma de Estado y gobierno, los derechos fundamentales y la primacía de la Constitución, ámbitos únicamente modificables por una Asamblea Constituyente.

Vale decir que el TSE y el TCP deberán operar sólo como filtros o controles de constitucionalidad y legalidad del texto de reforma a someterse a la consulta. Pero es acá donde ahora surgen las principales interrogantes, ya que no es remota la posibilidad de que los “filtros” institucionales se conviertan en trancas político sectarias, instrumentadas directamente por la injerencia gubernamental de sus agentes.

Hace varios meses que el ministro Lima viene descalificando la propuesta de los Juristas Independientes, primero señalando que una reforma de la CPE no es posible y, luego, pretendiendo abanderar una supuesta defensa demagógica del “voto popular” para elegir a los jueces supremos. Lima parece tener poca consistencia intelectual y personal; fue él quien, posesionado de ministro, dijo que “contra viento y marea” debía reformarse la Constitución para reformar la justicia, para luego archivar su entusiasmo, proponer en los meses siguientes otras dos “reformas” distintas, que también las archivó junto a una “cumbre” del Gobierno, para finalmente autodeclararse derrotado y entregarle la posta de la “reforma” al vicepresidente Choquehuanca que ha iniciado, recién, unas “mesas” de exclusiva y cerrada preparación y metodología gubernamental, con invitados de piedra, sin participación ciudadana y con destino incierto.

Está claro que el Gobierno no tiene ni propuesta de reforma ni verdadera intención de promoverla y está mostrando que lo que sí posee es un evidente temor a la consulta popular y al referendo, olvidando otra vez, como lo olvidó en 2016 y 2019, que si las soluciones no vienen del Gobierno y el Estado, ellas emergen de la sociedad.