Incompetencia impune y manipulación discursiva

Columna
CON LOS PIES EN LA TIERRA
Publicado el 17/08/2022

Hasta hace un par de semanas, el Gobierno afirmaba que el censo era prioridad nacional y el INE garantizaba su realización en noviembre de 2022. De pronto, el Consejo de Autonomías “sugiere” la postergación y horas después el Gobierno decreta que el censo debe realizarse “entre (¿hasta?) mayo y junio de 2024”. 

En los hechos, a pesar de las voces de rechazo a la técnicamente injustificada postergación de casi dos años, el Gobierno da por definido que el censo será en junio 2024, usando como argumento central que la Comisión Internacional de Alto Nivel (CIAN) “recomendó que lo mejor para garantizar las buenas prácticas y resultados es que el Censo tenga más tiempo y que se realice en 2024”. 

Los voceros del Gobierno, encabezados por el vocero presidencial, toman la recomendación de la CIAN como base para abundar en detalles sobre la complejidad de las tareas a realizar en la fase precensal, y que justificarían plenamente la postergación: levantamiento cartográfico, boleta censal, límites territoriales municipales, censo de prueba, socialización, etc.

Pero la CIAN, creada en 2021, es una comisión de acompañamiento al Censo 2022, sin ninguna responsabilidad operativa o técnica: su tarea es velar por la transparencia, calidad e idoneidad del empadronamiento “mediante el seguimiento a las actividades realizadas en todas sus fases para detectar necesidades de apoyo que puedan presentarse en el camino”. 

Entonces, la forma correcta de interpretar la recomendación de la CIAN es que el Gobierno no cumplió las actividades del calendario censal presentado a esta instancia en 2021 y, por ello, la CIAN estima que, en esas condiciones, el INE no podía realizar —en 2022— un censo que pase los niveles mínimos de calidad. Más aun, el que considere razonable postergarlo por casi dos años es una clara señal adicional de que, para la Comisión, el Gobierno (INE) no tiene la capacidad de realizar las tareas pendientes en un tiempo menor.

Pero a diferencia del mensaje comunicacional del Gobierno, que busca imponer la idea de que son las tareas necesarias las que obligan a nuevos plazos, la realidad pura y dura es que el Gobierno (INE) ha tenido 10 años para planificar, concertar y realizar el Censo 2022; ni siquiera la crisis de la Covid-19 en 2020, que podría haber paralizado ciertos trabajos de campo, puede haber afectado todas las tareas de gabinete que hubieran sido planificadas. 

En consecuencia, en relación al censo, hay al menos dos hechos punibles cometidos por las autoridades. Primero, la irrespetuosa manipulación discursiva para ocultar el incumplimiento de deberes: los minuciosos detalles de los alcances, problemas o de los resultados esperados del censo con los que se justifica su postergación son declaraciones engañosas destinadas a ocultar la evidente incapacidad e incompetencia institucional y la de los responsables de sacar adelante un censo “pertinente y oportuno”. 

Segundo, llegamos a la situación actual porque, entre quienes tuvieron responsabilidades políticas y técnico-operativas en la planificación, coordinación, dirección y ejecución del Censo 2022, unos fueron incompetentes para planificar y asignar responsabilidades y tareas, y otros fueron incompetentes para cumplir deberes en las tareas asignadas; los políticos electos que designaron a funcionarios incompetentes son, en última instancia, directamente responsables. Todos ellos generaron daño económico, además de tener otras responsabilidades específicas, que una rápida auditoría a las decisiones vinculadas al censo desde 2013 (o la falta de ellas desde 2013) podría fácilmente identificar.

Es decir, en este tema, tenemos todas las herramientas para exigir conocer cómo, por qué y por quiénes llegamos a la situación actual. Después de todo, en 2021 el Director del INE ya dijo que el censo se realizaría en 2024 y por las experiencias con “las estrategias envolventes”, de las que se ufanan las autoridades, sería ingenuo ignorar que es muy posible que la postergación del censo tenga algún grado de interés en retrasar hasta 2030 los ajustes políticos y fiscales que implican sus resultados.

Uso el ejemplo para una reflexión más general. “No puedo entender” por qué toleramos la incompetencia impune de quienes usan y abusan el Estado para beneficios particulares: ¿alguien recuerda cuál fue el castigo (si lo hubo) para quienes causaron la crisis del agua en La Paz en 2016? ¿Quién es responsable de los varios cientos de millones de dólares gastados en piscinas de evaporación para el litio que ahora serán inútiles con los procesos de extracción directa? ¿Las pérdidas en arbitrajes? ¿Fondioc? ¿Los resultados financieros de las empresas públicas frente a los esperados en los respectivos estudios de factibilidad? En fin, circula una lista con varias decenas de casos de corrupción con daño económico al Estado que, en lo que se supone es un proceso de cambio, suma miles de millones de dólares: ¿cuántos responsables conocidos siguen impunes?

¿Culpa del ladrón o de quien se deja robar? Ni frente a casos de derroches multimillonarios, ni frente a medallas de oro que los diputados tienen el cinismo de regalarse porque “nos debemos al pueblo boliviano” (Freddy Mamani dixit), la ciudadanía asume su deber de “hacer cumplir” la Constitución Política del Estado, señalando a los incompetentes e imponiendo que se apliquen las penas establecidas en la Ley contra quienes causan daños sociales y económicos por su incompetencia, y contra quienes han encumbrado a esos incompetentes en cargos públicos.

La disyuntiva es simple: o eres parte de la solución o eres parte del problema. Aceptar la incompetencia impune alienta la manipulación discursiva; y quien controla el discurso, controla los acontecimientos.

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