Un diabólico consorcio político, jurídico y mediático

Desde que el masismo logró el copamiento totalitario de los órganos de poder del Estado, los ciudadanos bolivianos nos encontramos en la indefensión absoluta frente al criminal consorcio político, judicial y mediático que el régimen masista ha instalado en Bolivia. Dicho consorcio tiene un modus operandi diabólico que, hasta el momento, ha funcionado de manera óptima en la represión, división, cooptación y descabezamiento de las organizaciones políticas, cívicas, sociales y de toda institución cuyos líderes contradigan o perjudiquen las ambiciones de quienes detentan el poder y pretenden convertirse en autócratas vitalicios.

Ahora bien, ¿cómo funciona este aparato de represión política? Veamos:

El componente político lo constituyen diputados, ministros, asambleístas, concejales o cualquier funcionario público oficialista, quienes tienen la misión de calumniar de la manera más agresiva posible a las víctimas acusándolas de hechos y delitos inventados con fotos trucadas, montajes de videos que exhiben como pruebas irrefutables, o sea, sólo su versión, aunque no tengan ninguna consistencia real y que un fiscal o juez probo rechazaría en el acto.

Una vez recibida la calumnia en forma de denuncia, entra en acción el componente judicial mediante fiscales increíblemente parcializados que llevan el caso ante jueces igualmente parcializados porque, como se vio, fueron nombrados por favoritismo político con la misión de ejecutar el esquema de “linchamientos judiciales” que no necesitan sentencia, sino abrir la investigación y proceder a la “detención preventiva”, que al principio es de 30 días, pero que posteriormente se va prolongando indefinidamente. Forman parte también de este componente judicial los investigadores de la Policía, jueces penales, tribunales de sentencia y hasta magistrados que hacen desaparecer pruebas y hasta sentencias ya aprobadas.

El componente mediático lo constituyen escribidores y locutores que actúan desde una amplia red de medios como periódicos amarillistas, la radio del expresidente fugado, el canal y las agencias de noticias oficialistas, además de los medios que un conocido periodista bautizara como “paraestatales”, todos secundados desde las redes sociales por el ejército de guerreros digitales que insulta, calumnia y amenaza impunemente a las víctimas.

Este diabólico consorcio político-judicial- mediático, verdadero operador del terrorismo de Estado, es el encargado de desprestigiar, perseguir y encarcelar “preventivamente” a los adversarios políticos. Es una organización criminal que pone en riesgo la libertad, la vida y el patrimonio de los ciudadanos bolivianos que no se someten al régimen autocrático, cuyo resultado, hasta el momento, es un centenar de presos políticos, 2.000 exiliados, una serie de cívicos y exautoridades en la clandestinidad y otro tanto de ciudadanos con arresto domiciliario y acoso constante a sus familias.

Este modelo de represión política no es invento del régimen masista, sino un modelo importado e implementado por la Inteligencia cubana y venezolana que lograron regímenes autocráticos vitalicios: recordemos que Fidel Castro y Hugo Chávez estuvieron en el poder prácticamente hasta su muerte y cuyos seguidores, aún hoy, continúan utilizando el modelo.

Los bolivianos quizás estamos todavía a tiempo para desmontar el criminal consorcio y evitar las pretensiones vitalicias de los actuales autócratas masistas.