Una pregunta sobre el censo

¿Cómo es posible que en Bolivia un mecanismo técnico como un censo genere tal zafarrancho?

Un problema histórico en el país (y de América Latina) es justamente relegar la parte técnica y científica de la gestión pública (gobernanza), que permanentemente se encuentra sometida a los vaivenes de la mezquina pugna por el poder. En otras palabras, en términos politológicos, la política es sometida por lo político y el manejo del Estado es asumido, prácticamente, cual un botín y no como la administración del bien común.

Así, desde la fundación de nuestro joven Estado, el accionar de los detentores del poder en Bolivia gira en torno a la toma y manutención del mismo, quedando en segundo plano otras aristas fundamentales de lo que implica la gestión pública. El realizar proyectos de inversión pública que respondan a reales necesidades sociales y a una planificación científica, el dotar de una burocracia pública profesional estable y apartidaria que encare esos procesos, el cuidar y proteger el bien común. Pero no, nos ciega la angurria por la toma y manutención del poder y por ende los proyectos de inversión pública y el manejo de los recursos y bienes públicos suelen responder al proselitismo, a la demagogia que obnubila a borregos/as, al control y cálculo obsesivos para preservarse en los gobiernos o acceder a ellos. 

Un referente emblemático es lo que sucedió hace más de cien años, cuando Bolivia vivió una terrible guerra federal de violencia extrema. El motivo fue una demanda de mayor descentralización del Estado, se abogaba por un cambio en el modelo de Estado desde La Paz, centro urbano que se hizo más poblado y más poderoso que la entonces capital de Bolivia, Sucre. Sucre detentaba a una plutocracia en decadencia que hasta ese entonces había gobernado el país, la plutocracia de la plata representada por el Partido Conservador. En La Paz residía la plutocracia del estaño y que estaba representada por el Partido Liberal. Como ocurre con las zonas de crecimiento acelerado, los plutócratas de La Paz reclamaron por una redistribución territorial del poder que se adaptara a esas circunstancias. Por eso, de la boca para afuera, hablaron de un Estado más descentralizado, propusieron un modelo de Estado federal frente al recalcitrante centralismo de Sucre y supuestas las rencillas por el modelo de Estado llegaron a tal grado que devinieron en una cruenta guerra. 

Después de mucha sangre y lágrimas que significó esta guerra entre unitarios y “federales”, ganaron los que demandaban el “federalismo”. ¿Pero qué aconteció cuando ellos gobernaron? Pues se tornaron igual o peor de centralistas que los de Sucre, nunca se llevó a cabo la descentralización (que tuvo que esperar hasta la década de 1990 para generarse de manera tímida), traicionaron las demandas indígenas y el Estado continuó siendo tan feudal, unitario y centralista como antes, con la salvedad de que el centro político se trasladó de Sucre a La Paz. Es decir que se llevó a cabo una guerra sanguinaria no con el afán de mejorar al Estado boliviano, hacerlo igualitario, redistributivo, accesible y libertario (que es para lo que tendría que servir un proceso de descentralización), sino para que un partido y una plutocracia regional tomen el poder en desmedro de otra y con prácticas y taras políticas que siguieron siendo muy similares.

Otro ejemplo ilustrativo fue lo que pasó con los gobiernos del MNR posrevolución de 1952. Con apenas 12 años en el poder y allende las reformas que trajo esta revolución, las disputas internas por el poder terminaron dividiendo al partido en cuatro partes y cuando Víctor Paz Estenssoro se encaprichó con la reelección, los militares movimientistas le dieron una cuchillada por la espalda con el golpe de Estado del 4 de noviembre de 1964, instaurándose dictaduras militares que en muchos sentidos encarnaron un retroceso de lo avanzado y que también siguieron con la corrupción que señalaron en el MNR como “motivo” para el golpe.

Hoy, se supone que el espectro político boliviano está polarizado entre fuerzas de “izquierda” que representaría el MAS y fuerzas de “derecha” de la fragmentada oposición partidaria. Incluso se enarbolan encendidos discursos que hasta parecen replicar los tiempos de la Guerra Fría, enunciando ideologías opuestas. No obstante, si trata de la praxis política de unos y otros, continúa imponiéndose el mismo común denominador: La percepción del Estado cual un botín y agencia de empleos que hay que “aprovechar” con ahínco en los cinco minutos de poder; el clientelismo, nepotismo y otras mañas a la hora de ejercer la función pública; el sobredimensionamiento de los aparatos represivos y punitivos del Estado que permitan controlar el poder; la improvisación, demagogia, corrupción y falta de seriedad científica y técnica para encarar los proyectos de inversión pública, ello sin contar que taras de origen feudal se erigen vivitas y coleando, de ahí el extractivismo, desarrollismo, conservadurismo, caudillismo y militarismo que todavía caracterizan a los gobiernos bolivianos de todos los niveles territoriales y a pesar de tanta promesa de “cambio”.

En ese marco, tal vez sea más fácil responder la pregunta con que comienza este artículo: ¿Cómo es posible que en Bolivia un mecanismo técnico como un censo genere tal zafarrancho?