Doble obstáculo
El conflicto por el censo, que tiene a Santa Cruz casi un mes en paro indefinido, se ha trasladado al Legislativo, donde ha quedado claro que el MAS no tiene la suficiente voluntad política para el expedito tratamiento de una ley que pondría fin a este largo y desgastante enfrentamiento entre la región más poderosa del país y el Gobierno.
Efectivamente, la actitud dilatoria, la estrategia del cansancio y del desgaste, que ha aplicado el Ejecutivo en esta confrontación, ahora se ha trasladado al ámbito parlamentario, pues el oficialismo, que controla las presidencias de las cámaras Alta y Baja, ha frenado toda iniciativa de la oposición para acelerar una salida al conflicto.
Sin dar curso, por ejemplo, a un tratamiento con dispensación de trámites o del procedimiento regular para la gestión de una norma o la inclusión de este asunto de primera importancia en sus agendas de debate, el MAS, pese a estar hoy dividido entre “arcistas” y “evistas”, coincide en frenar iniciativas que concluyan en una ley, que Santa Cruz exige como garantía para levantar el paro indefinido. Se trata de una primera traba, porque, al igual que en las discusiones previas en las llamadas “mesas técnicas”, la región cruceña busca una norma jurídica que expresamente señale que el censo se llevará a cabo en 2023, en tanto que el oficialismo intenta trasladar, en lo posible sin cambios, el Decreto Supremo 4824 del presidente Luis Arce, que fija el 23 de marzo de 2024 como fecha del censo.
El segundo obstáculo o traba procede de la escisión del MAS entre “arcistas” y “evistas”, también conocidos como “renovadores” y masistas a secas; los primeros son acusados por los segundos de pactar con la oposición para impulsar una norma que resuelva el conflicto y han sacado provecho a esta coyuntura para distanciarse aun más de sus adversarios y asegurar que ellos son “antiderechistas”, “revolucionarios” y “antineoliberales”, entre otros calificativos que integran el discurso oficialista.
El resultado de este doble escollo es perjudicial en extremo, porque Santa Cruz considera que una ley es más seria y menos volátil que un decreto del Ejecutivo; se trata, en realidad, de la manifestación de la desconfianza cruceña en el Gobierno; las cambiantes fechas del censo, primero previsto para el 16 de noviembre de 2022 y ahora postergado, sin argumentos convincentes, para el 23 de marzo de 2024, se han modificado precisamente mediante decretos.
El Ejecutivo no deja de emitir señales contradictorias y de poca seriedad. La última: ante la exigencia del Tribunal Supremo Electoral de contar con datos oficiales para septiembre de 2024, con el fin de redistribuir los escaños y rediseñar las circunscripciones electorales, el Gobierno ahora afirma que enviará datos poblacionales finales para esa fecha, cuando había afirmado que remitiría esa información en diciembre de ese año…
Santa Cruz, en cumplimiento de los mandatos del último cabildo, exige la ley del censo como garantía, pero el MAS no ha dado muestras de que sea respetuoso ni de la Constitución ni de otras normas jurídicas. Pero si ésa es la condición para levantar el paro indefinido, no debería dilatarse su trámite legislativo.
