Ni felices fiestas ni próspero Año Nuevo

Ni felices fiestas ni próspero Año Nuevo. No se lo deseo a nadie, pero hacia allá vamos indefectiblemente, en Bolivia.

Cerramos un Annus horribilis con la imagen de un pueblo heroico echado a las calles en el cabildo más numeroso del que se tenga memoria en Bolivia, más de un millón y medio de ciudadanos bolivianos asentados en Santa Cruz —el último bastión liberal del país— reclamando el cumplimiento de la ley que obliga a la realización del Censo Nacional, que el (des)gobierno de un Luis Arce arrogante y despectivo se negó a ejecutar para ocultar quien sabe qué patraña electoral con un padrón mentiroso.

Concluimos la gestión con el nivel de endeudamiento público, interno y externo, más alto de nuestra historia; con un Gobierno que recauda impuestos que cubren apenas el 90% de los sueldos de medio millón de funcionarios públicos (incluyendo a policías, militares y maestros) a un costo anual de Bs 7.000 millones o 1.000 millones de dólares americanos.

Con un partido de gobierno que exige filiación partidaria a la totalidad de los funcionarios públicos y que cobra un tributo partidario de entre 1 y 3% de sus salarios, mensualmente, para financiar a sus caciques y su infinito disfrute del poder. Veinte millones de bolivianos anuales ya denunciados por el jefe de bancada de diputados del ala oficialista del MAS. 

Esa verdadera exacción de dinero, una suerte de impuesto de guerra gravado por el MAS (la fuerza vasalla de ocupación de Bolivia), constituye un grosero acto de megacorrupción que debiera mover al Contralor General del Estado a emitir de inmediato una “Nota de cargo” para recuperar esos fondos y al Fiscal General a sentar una denuncia ante esa (in)justicia; además de exigir la DEVOLUCIÓN de esas “contribuciones” a la propiedad de los funcionarios exaccionados. 

Sí, devolverles su dinero, que si bien fue obtenido por el favor del partido de gobierno, éste fue ilegalmente expropiado. Como se expropió a los bolivianos de sus acciones en las empresas capitalizadas hace más de una década, y como ahora se les expropiará sus fondos de pensiones por la Gestora Pública para cubrir el déficit fiscal.

La contribución económica obligatoria al MAS está tipificada como acto de corrupción al ser prácticamente un cobro del partido político gobernante a cambio de un empleo público. Es decir, el MAS utiliza un dinero público (los sueldos) para obtener un beneficio político (privado) en la forma de pago mensual de parte de los funcionarios. En suma, los empleados públicos han estado pagando una “coima” millonaria a Evo Morales y sus muchachos “opositores”; hoy retenida por Arce y los suyos, “oficialistas”.

“Los administradores de la nación se roban toda la producción”.

¿Como pudiéramos tener una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo en estas miserables condiciones?