La reforma a la justicia en Bolivia

Las reformas no son acciones que se escogen, son impuestas por la realidad. Las lecciones aprendidas en la región y sobre todo en nuestro país revelan la necesidad de un abordaje estructural del sistema judicial, sólo posible en democracia.

Un sistema eficiente precisa corregirse en el tiempo, pues las condiciones económicas, sociales y educativas se “ajustan” cuando somos más o cuando cambiamos la actividad o lugar en el que vivimos. La reforma es una acción inevitable en el cambio y crecimiento.

¿Entendemos la necesidad de resolver este problema? La justicia reposa principalmente en la legalidad, pero no únicamente: la pobreza, la ausencia de empleo formal, la inseguridad ciudadana y el papel explosivo de muchas formas de comunicación, entre varios otros, crean una condición que obliga a un diseño que interprete lo que queremos del futuro: antes de ser litigantes debemos aprender primero a ser ciudadanos, sobre todo si cerca al 80% de la población total de Bolivia vivirá en las ciudades del país, en los próximos cinco años.

La acción del Estado es compleja, debe sincronizar los impetuosos avances de la tecnología y las comunicaciones, con la memoria y el territorio, la cultura y organización de diversas poblaciones y el ideal de equilibrio y equidad que asegura la permanencia y florecimiento de la población.

El Estado no sólo debe asegurar un servicio oportuno, rápido y eficaz, sino disponer de la cosa y la fuerza pública construyendo la virtud en cada nación y todo el territorio boliviano. Hacer el bien no es exclusivamente un discurso ideológico, es fortalecer lo que nos convierte en sociedad, en una cultura que crea y avanza.

La calidad de las instituciones públicas, cuyo propósito es actuar en servicio de las personas, debe desterrar la corrupción y todas las condiciones que la facilitan o aceleran; los derechos son universales, pero también los deberes. La garantía que mejor respalda cualquier reforma es su carácter universal: lo que es bueno para unos debe serlo para todos y al revés.

La legitimidad y confianza no pueden solicitarse como un voto, son condiciones que resultan del ejercicio virtuoso de la cosa pública. Que el Estado gane la confianza de la población para resolver problemas imposibles sin mediación es un proceso que involucra no solamente cargos electos, sino un sistema que resguarde y se resguarde. Ésta es la verdadera seguridad que debe ser perseguida e instalada. La de un sistema.

¿Que nos toca a los ciudadanos? Entender que la reforma de la justicia es una acción democrática que asegura el futuro de nuestra sociedad; la principal garantía de esto es el trabajo de jueces independientes, idóneos e imparciales, elegidos por la sociedad, eliminando la selección de postulantes que realiza la Asamblea Legislativa dominada por el partido de turno en el gobierno. Los jueces elegidos con credencial política y partidaria hacen nulos sus actos al estar endeudados ética y moralmente por la designación corporativa de sus cargos.

Una justicia independiente exigirá incrementar su presupuesto de funcionamiento que es hoy insuficiente (no llega al 0,5% del Presupuesto General del Estado) y debe atender a través de 1.100 jueces a una población estimada a 2021 de 11,83 millones de ciudadanos.

La reforma judicial busca la independencia y buen funcionamiento del Órgano Judicial, la renovación del Consejo de la Magistratura y la revalorización de la justicia indígena, para reestablecer la armonía y paz social.

Al comenzar el año 2023, la decisión está en nuestras manos, en las manos de todos y cada uno de las y los bolivianos.