Otro paro cruceño
Se ha abierto un nuevo capítulo, si se analizan los hechos desde una perspectiva histórica, en la larga lucha que sostiene Santa Cruz con el centralismo.
Ante la violenta aprehensión del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, ejecutada el miércoles 28 por un grupo de policías fuertemente armados, la región más económicamente poderosa del país ha resuelto ingresar en un nuevo paro de 24 horas, aprobar bloqueos camineros tanto de vías nacionales como departamentales, en protesta contra lo que los cívicos consideran un secuestro con violencia y posterior aprehensión de la primera autoridad cruceña, pero también se efectuará un resguardo pacífico de las instituciones estatales -el Servicio de Impuestos Internos, etc-, en previsión de acciones desproporcionadas como la quema de la Fiscalía Departamental o de la casa y enseres de un ministro, aunque también como una manera pacífica de tomar y controlar esas entidades públicas.
Vuelve Santa Cruz, en consecuencia, a la lucha contra el poder central, que controla a tal grado la justicia que ayer el juez cautelar, encargado de definir la situación procesal del Gobernador cruceño, no sólo había rechazado los incidentes planteados sobre la ilegalidad de su aprehensión, sino que impuso una detención preventiva de cuatro meses en Chonchocoro para Camacho.
No se ha objetado la incongruencia de aplicar el Decreto Supremo 138 que vulnera los derechos constitucionales a un debido proceso y a las garantías judiciales, que otorgan tanto la Constitución Política del Estado como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de los acusados de los delitos de terrorismo, sedición y alzamiento armado. No se cuestiona, porque no corresponde aún, el asunto de fondo, pero es previsible el desenlace de un proceso que versa sobre una ficción, como lo es un presunto “golpe de Estado”, con el cual se intenta eliminar de la historia, al estilo orwelliano, el fraude electoral de las elecciones de 2019, corroborado por tres informes internacionales. Léase, para tomar convicción al respecto, la fundamentación de hecho y de derecho del caso presentado por la exdiputada masista Lidia Patty.
En el fondo, lo que está en disputa es la hegemonía para conducir un país al estilo del populismo, con esquemas basados en ideas estatistas, centralizadoras y corporativistas, y en el otro extremo más liberales, que se inclinan más por conceder un rol central en la economía a la iniciativa privada y, en lo político, al Estado de Derecho y a la democracia.
El gobierno de Arce, como expresan analistas en esta edición, quiere dar una señal de fuerza y de autoridad ante una región que se resiste al centralismo de carácter etnonacionalista, porque no se puede gobernar el país sin Santa Cruz. Tampoco se descarta, en esa lógica, que el poder busque liberarse de la acusación de los evistas de un “pacto con la derecha” que derivó en las concesiones a esta región en la crisis del censo, pero que también la desgastaron. Pese a los 36 días del paro indefinido, los cruceños emprenden otra vez una dura lucha que ya dura largos años.
