De Bolivia a Bolivagua

El perfil de un hombre maduro, cabizbajo, tocando la frente con la punta de los dedos de sus manos en señal de oración, marcado por una expresión de dolor e impotencia, golpea mi mente cada vez que surge en agenda un tema relacionado a la injusticia que impera en el país. Es el perfil de Marco Antonio Aramayo, el exdirector del Fondo Indígena (Fondioc) muerto a sus 54 años, luego de padecer durante al menos siete años un vía crucis marcado por más de 250 procesos judiciales abiertos en su contra y todos los vejámenes imaginados y otros no en cada una de las más de 50 cárceles que lo obligaron a “conocer” desde que tuvo el coraje de denunciar el escandaloso manejo y robo en el Fondioc.

Marco Antonio no era un opositor al gobierno del MAS. Por el contrario, era un militante convencido del “proceso de cambio”, una de las credenciales, entre otras referidas a su experiencia profesional y de campo, que le permitieron acceder al cargo. Su condena fue creer en el cambio y pagó con su vida lo que hoy sigue siendo castigado: la coherencia entre lo que se dice defender y lo que realmente mueve a muchos. El informe forense da cuenta de que murió por un paro cardíaco, pero la frialdad del papel no recoge nada de lo que provocó ese paro: una sistemática y prolongada tortura sin contacto, entre las que se pueden incluir las de policías, fiscales y jueces al servicio del poder central.

Otras imágenes se suman a la de Marco Antonio. Las recogidas durante la represión a la Octava Marcha Indígena en Defensa del Tipnis, en septiembre de 2011, en la que sobresalen los rostros de pánico y dolor de niños, mujeres y hombres golpeados y arrastrados por los policías destacados por el gobierno presidido entonces por Evo Morales. Las del ingeniero José María Bakovic, ex director del Servicio Nacional de Caminos, muerto a sus 74 años, luego de soportar audiencias y traslados a La Paz obligados por los más de 70 procesos judiciales abiertos en su contra. Otra prueba más de esa tortura sin contacto que se ha vuelto una constante en todos los gobiernos del MAS, desde sus inicios en 2006. 

Falta espacio en esta columna para seguir citando casos, como el de Juan Carlos Guedes, Mario Tadic y Alcides Mendoza, detenidos con violencia en 2009 y sometidos a un proceso amañado que los mantuvo presos hasta 2019. Ellos sobrevivieron a la violencia de la que no lograron escapar Eduardo Rózsa-Flores, el húngaro rumano Árpád Magyarosi y el irlandés Michael Martin Dwyer, por el mismo caso Hotel Las Américas. O los más recientes, entre los que destacan el secuestro y encarcelamiento del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, las aprehensiones abusivas de ciudadanos en Santa Cruz y en menor escala en otros departamentos. En un par de casos, con desenlace fatal cuyas víctimas ni siquiera eran parte de las protestas, como el de Erwin Chávez Durán.

Una realidad cada vez más grave, marcada por la abierta apuesta del gobierno central a la cabeza de Luis Arce de elevar a la máxima potencia el uso de la violencia para acallar voces discordantes, sean o no oficialistas. No otra cosa significa la artera manipulación de la justicia para tratar de descabezar la Gobernación de Santa Cruz, sometiendo al líder. Una historia de no acabar y que está acercando a Bolivia cada vez más a Nicaragua. De ahí la ocurrencia de Bolivagua. Contra todo pronóstico que aseguraba que Bolivia jamás sería otra Venezuela o Nicaragua, hoy vemos más razones para sostener lo contrario.

No sólo por todo lo visto en el control y manejo desde el poder central del Poder Judicial, sino también por lo expuesto en el uso descarado de la Policía como un grupo de choque más para aniquilar toda voz disidente. Y más: por la práctica ya en marcha de prohibir celulares en reuniones convocadas por ese gobierno central, algo que Nicaragua ha ampliado con su prohibición a turistas al uso de cámaras fotográficas ¡y binoculares!    

Es terrible, de terror, lo que está pasando. Más grave aun es la absoluta impunidad de los abusivos, cuando no su premiación con cargos de todo rango en la administración pública o en la representación diplomática. Demasiado. En este marco, no hay duda alguna sobre la urgencia de ver acciones o mecanismos que permitan cortar de raíz este círculo vicioso. Una de esas acciones es la que ya está en marcha, impulsada por el grupo de Juristas Independientes, para forzar la reforma de la justicia a través de un referendo nacional. Por supuesto que no es ni debe ser la única tarea a encarar para arrancarle al gobierno central el control que ejerce ahora sobre todos los poderes del Estado, entre ellos el Judicial. El calvario que padecen hoy cientos de presos y perseguidos políticos obliga a pensar en otras acciones inmediatas que permitan no sólo liberarlos, sino también frenar la persecución y encarcelamiento de tantos otros.