Una nueva oportunidad para el diálogo público-privado

El pasado 10 de abril, luego de 29 meses de gobierno y ocho solicitudes, el presidente Luis Arce aceptó reunirse con la directiva de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB). Aunque fue un encuentro cordial que generó buenos augurios en la ciudadanía, se produce en medio de una coyuntura política y económica compleja y llena de incertidumbre, cuando los empresarios demandan seguridad y estabilidad, y el Gobierno necesita alternativas para enfrentar el difícil momento.

Tras la reunión, el presidente Arce informó la decisión de “trabajar coordinadamente y seguir impulsando la economía” y los empresarios, por su parte, señalaron que, a partir del encuentro, junto a varios ministros, se implementará un plan de trabajo conjunto, orientado por resultados concretos.

Durante el gobierno del Movimiento Al Socialismo se han realizado más de una veintena de encuentros oficiales entre la dirigencia empresarial y el primer mandatario del país, en algunos casos para tratar temas específicos y en otros para intentar espacios de coordinación más estructurales. Los resultados insuficientes y poco visibles de estos acercamientos son atribuibles enteramente a la poca voluntad política, a la visión económica ortodoxa de algunas autoridades e incluso a susceptibilidades incomprensible en esos niveles.

Sin duda el avance más relevante en la articulación entre el Estado y el sector empresarial de los últimos 17 años ha sido la iniciativa de las “Mesas de Diálogo Público-Privado”, creadas a partir de un acuerdo entre el Gobierno y la CEPB para analizar la Agenda de Competitividad y Productividad del sector privado en Bolivia.

Realizadas en 2016, lograron la apertura de espacios conjuntos para debatir, examinar y acordar propuestas de política pública en torno a seis grandes temas: productividad, turismo, exportaciones, incentivos a la inversión nacional, incentivos a la inversión extranjera y burocracia e institucionalidad. Participaron, además de las instituciones del empresariado nacional, los ministerios de Planificación del Desarrollo, Culturas y Turismo, Relaciones Exteriores, Comercio Exterior e Integración, Desarrollo Productivo y Economía Plural, y Economía y Finanzas Públicas. Por el Gobierno, la coordinación de las mesas estaba a cargo del Sr. Luis Arce Catacora, ahora presidente del Estado.

Este esfuerzo, desplegado por representantes empresariales, técnicos, especialistas y autoridades del Estado, se tradujo en 74 propuesta concretas, viables y consensuadas por los equipos incorporados a la iniciativa, que incluían normativas, proyectos, ajustes e iniciativas en cada una de las áreas señaladas. A partir del éxito de este ejercicio y por decisión del propio Gobierno, se organizaron mesas sectoriales en industria manufacturera, construcción y obras públicas, telecomunicaciones, industria farmacéutica e industria oleaginosa, para tratar la problemática y considerar las propuestas de cada una de las áreas.

El documento final de las Mesas de Diálogo Público-Privado, entregado a las autoridades y ampliamente socializado, constituía el más completo plan de desarrollo concebido hasta entonces —dentro del modelo vigente— que por primera vez incluía al sector privado. Sin ninguna duda, su implementación plena hubiera consolidado la sostenibilidad, el crecimiento y el desarrollo de los sectores productivos, dinamizado la generación de empleo protegido e incrementado ostensiblemente la inversión privada nacional y extranjera, pero sobre todo nos habría preparado para enfrentar con mejores herramientas la crisis actual.

Algunas de las propuestas fueron aplicadas con pocos ajustes y obviamente sin mención de su origen; pero la visión integral y el enfoque de articulación público-privado fue marginado quizá por la emergencia de las crisis políticas, los intereses de grupos sociales radicales dentro del Gobierno y la visión limitada de las autoridades encargadas de su ejecución.

Más allá de los retrocesos y desavenencias pasadas, la primera reunión entre el directorio de la CEPB y el presidente Luis Arce es una nueva opción para el diálogo productivo y una alternativa real para emprender el camino de la construcción de agendas comunes que aporten a superar la crisis, pero también que permitan aprovechar las oportunidades que nos brinda el nuevo escenario económico de un mundo ávido de alimentos, energía, minerales estratégicos y manufacturas que Bolivia posee y puede producir en cantidades importantes.

Deseamos sinceramente que, en esta nueva etapa, el Gobierno nacional priorice la búsqueda de soluciones y alternativas que beneficien al país y aproveche el enorme potencial, el compromiso y la capacidad instalada del sector empresarial que siempre va a estar dispuesto a aportar al crecimiento con justicia y el desarrollo con estabilidad.

El autor es industrial y expresidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia