La madre de todos los desbarajustes

El exorbitante subsidio al consumo de la energía —más que la falta de dólares— es, en la actual coyuntura, la madre de todos los trastornos de la economía boliviana.

No niego que, circunstancial y temporalmente, los subsidios son un gran amortiguador social, un freno a la inflación y un estimulante del consumo, sin embargo, en la situación actual de la economía boliviana, los efectos perversos de mantener vigente el subsidio ciego y descontrolado a la energía son tan impactantes como los efectos virtuosos de quitarlo.

Las consecuencias de mantener el subsidio son conocidas. En primer lugar, la erosión de las reservas monetarias: 1.700 millones de dólares se han evaporado el año 2022, un monto que se acerca a toda la renta gasífera y que, además, sigue creciendo. Es la insostenibilidad que no se revertirá ni con todo el oro amazónico.

Otra consecuencia es el contrabando, a diferente escala, debido a la tentadora brecha de precios con los países limítrofes. Ni qué decir de la desviación del diésel a actividades ilegales e ilícitas: ¡Una empresa pública subsidiando al crimen!

A causa del subsidio no se cobran impuestos como el IEHD (Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados) a los combustibles importados; se estimula un consumo irracional de la gasolina; se imposibilitan nuevas inversiones en exploración de hidrocarburos, especialmente petróleo, y se pone en entredicho la continuidad de los bonos sociales comprometidos con la descapitalización de las empresas públicas.

Además, el subsidio distorsiona el costo de la electricidad generada con fuentes renovables; desvía hacia nichos del mercado interno volúmenes de gas que bien podrían exportarse, aportando más divisas al país y a las regiones, y mantiene el tipo de cambio del dólar bajo presión.

Sobre todo, la vigencia del subsidio posterga la necesaria y urgente transición energética, que es la respuesta estructural al fin del ciclo energético del gas.

Sin llegar a “udepezar” la economía, si se quitara el subsidio, en la forma, tiempos y compensaciones que el Gobierno vea conveniente con el fin de minimizar el impacto en la inflación, los efectos virtuosos saltarían pronto a la vista, empezando por el ahorro de divisas y el sinceramiento del costo de la energía, un estimulador del ahorro y de la competencia entre diferentes fuentes de generación de la electricidad. Hasta los polémicos biocombustibles encontrarían su cabal lugar, sin subsidios y con transparencia.

Si la economía sigue creciendo, gracias al aporte de nuevos ciclos productivos (litio, oro, tierras raras, agroindustria), hará falta un nuevo ciclo energético para alimentarla. De hecho, con precios racionales de los combustibles (y cambios normativos que todos reclaman), se reactivaría la exploración de los hidrocarburos que aún quedan en el subsuelo.

Costos reales de la electricidad permitirían incrementar los volúmenes de exportación de gas e impulsar el desarrollo de “granjas energéticas” por doquier, principalmente solares y eco-hidroeléctricas. 

Lo interesante es que, a diferencia del sector de los hidrocarburos, en el sector eléctrico la iniciativa privada, mixta e institucional puede suplir las limitaciones del Estado en cuanto a inversiones en generación, transporte e infraestructura, acudiendo al ahorro de los ciudadanos y a fondos verdes disponibles internacionalmente. Pensando sólo en la electromovilidad, es indudable que hace falta una gran alianza público-privada para desarrollar exitosamente esta nueva economía.

Finalmente, la eliminación del subsidio a la energía obligaría a plantear respuestas regionales a la seguridad energética, debido a las conocidas asimetrías que existen entre regiones en cuanto a fuentes de energía, y a planificar las inversiones necesarias para ese fin.

 

El autor es físico y analista