Transparencia del voto parlamentario

La reciente aprobación de la llamada Ley del Oro trajo nuevamente acusaciones, al interior de las distintas bancadas de la Asamblea Legislativa Plurinacional, sobre movidas oscuras que habrían permitido al oficialismo obtener la mayoría de los votos que le era esquiva desde hacía varias semanas, debido a la división interna del bloque mayoritario.

Este tipo de controversias y acusaciones profundiza el desprestigio del Legislativo, deslegitimando a las instituciones democráticas en su conjunto por el descreimiento ciudadano que provocan. La democracia boliviana necesita con urgencia reformas institucionales que le permitan ganar legitimidad y credibilidad frente a la ciudadanía.

Uno de las principales reformas pendientes es que se establezca, en los reglamentos de las Cámaras de Diputados y de Senadores, que el voto se registre de forma individual, de tal forma que quede consignado en la votación de cada proyecto de ley y/o resolución camaral o de Asamblea Legislativa, cómo votó cada parlamentario, si votó afirmativo, negativo o en blanco, información que debe ser de acceso público, transmitida de forma simultánea y registrada de forma permanente para que los ciudadanos puedan conocer cómo ejercen sus representantes el mandato que recibieron mediante el voto ciudadano.

Esta es una práctica general en las naciones con sistemas democráticos consolidados, puesto que la democracia representativa tiene como fundamento principal el control ciudadano sobre el ejercicio del poder que realizan las autoridades electas, y la posibilidad de premiar mediante el voto en los comicios siguientes a los candidatos que hubieran sido consecuentes con las posiciones que esgrimieron cuando se postularon a determinado cargo, o de castigar a quienes hubieran traicionado la confianza ciudadana apoyando posiciones contrarias a los principios, valores e intereses de sus votantes.

Este registro del voto debe permitir además un recuento histórico de las actuaciones de los representantes nacionales. Cuando un candidato se postule a un cargo legislativo el ciudadano debiera poder conocer cómo votó en sus mandatos anteriores, incluidos los distintos niveles de instancias deliberativas como los concejos municipales y las asambleas legislativas departamentales.

Obviamente, si no se ha hecho esto, en casi 200 años de vida republicana, a pesar de que siempre existió la posibilidad, e incluso en las Cámaras existen los equipos tecnológicos para ello, es porque así son más difíciles las operaciones políticas que llevan a construir mayorías parlamentarias cruzando líneas ideológicas y partidarias. En la medida que se publicita la el voto de cada parlamentario, estos tendrían mayores dificultades de explicar antes la ciudadanía, o por lo menos, frente a los departamentos, regiones y sectores que representan, por qué votaron de determinada forma, lo que podría hacer más difícil las negociaciones de los operadores políticos.

Es verdad que la gobernabilidad oficialista se dificultaría, pero lo que se perdería en margen de maniobras políticas se lo ganaría en la legitimidad democrática de las principales instituciones del Estado.

Una reciente encuesta sobre la polarización política de Bolivia encontró que más de dos tercios de los ciudadanos no creen que los partidos políticos, los movimientos sociales, las plataformas ciudadanas y los sindicatos sean importantes para el futuro del país. Eso plantea una grave crisis de representatividad que puede llevar a conflictos permanentes entre el Estado y la sociedad civil, con el riesgo inherente de inestabilidad y confrontación.

Consecuentemente, el país debe debatir y afrontar reformas institucionales que permitan reconstruir la institucionalidad democrática y la legitimidad estatal. Registrar y publicitar el voto individual de los parlamentarios es, sin lugar a duda, una de ellas.