“Plan Llegar”, versión Bolivia

En Argentina, desde el arribo de Sergio Massa al “superministerio” de Economía hace nueve meses, se habla con frecuencia del “Plan Llegar”: la batería de medidas puestas en marcha por el político peronista para que la administración Fernández-Fernández llegue a las elecciones nacionales de este año, evitando un salto a la hiperinflación y en condiciones de perder por menos, ya que la victoria de su alianza es prácticamente imposible.

Claro que las cosas no están saliendo como esperaban y en vez de la desaceleración gradual del proceso inflacionario se da lo contrario, llegando a una inflación interanual del 108%. De ahí que surjan voces, en el vecino país, para que se adelanten las elecciones o al menos el traspaso del poder después de los comicios, como sucediera en 1989 con la transición Alfonsín-Menem.

El “Plan Llegar” no supone ninguna transformación de fondo en el esquema estatista instalado por el kirchnerismo, sino una simple sucesión de maniobras de corto plazo, para conseguir divisas a través de créditos externos o incentivos a la liquidación de exportaciones, que permitan sostener el abultado gasto público por unos meses más.

De alguna manera, en Bolivia la administración de Luis Arce también está implementando un “Plan Llegar”, de cara a las elecciones de 2025. 

Como en Argentina, no se trata de modificar las bases del “modelo social-comunitario”, sino de gestionar una fuente de ingresos aquí y otra allá, de modo que cualquier cambio importante y doloroso —como una eventual supresión, total o parcial, del subsidio al precio de los combustibles o una reducción significativa de la plantilla estatal— quede postergado para 2026, después del ciclo electoral nacional y autonómico.

En el caso boliviano, las maniobras cortoplacistas incluyen la captura de buena parte de las exportaciones de oro, algo que por el momento se plantea como “optativo”, pues  los cooperativistas auríferos son parte del  la alianza oficialista, pero que después puede volverse cada vez más coercitivo vía decretos o resoluciones administrativas.

El manejo total de los fondos previsionales por el Estado (que desde hace años condicionaba a las AFP a la compra de bonos públicos) sería otra de las herramientas financieras diseñadas para arribar al momento electoral evitando el colapso inmediato, pero a costa del futuro.

La “yuanización” de la economía boliviana, bimonetaria desde hace mucho, también es parte del repertorio, más como un elemento retórico que como algo ampliamente aplicable. 

Es muy probable que la realidad complique los planes de aterrizaje suave y que lo que haya aquí en 2025-2026 sea una administración mediocre de la crisis, con un deterioro paulatino pero sostenido de las variables económicas.