Entre la rabia y la tristeza

Pensé llegar a este fin de semana con mejor ánimo y humor que los que marcaron el anterior. Había motivos para ello, reflejados en buenas noticias recogidas los últimos días de mayo. Noticias protagonizadas por gente soñadora que sigue apostando en proyectos y programas altruistas que van más allá del interés sectario o personal, y otras más que arriesgan lo poco o mucho que poseen para seguir haciendo crecer emprendimientos y negocios inspirados en prácticas socialmente responsables. Pero no ha sido posible, pese a las valiosas y hasta numerosas buenas noticias. Una vez más, las malas noticias aguaron la celebración prometida por las primeras.

A pesar de toda la buena predisposición manifestada para cerrar la semana con sonrisas, aplausos y celebraciones, los graves hechos ocurridos a lo largo de estos últimos siete días obligan a posponer los festejos y a reemplazarlos con una urgente reflexión que llega marcada por la tristeza, la rabia y hasta la impotencia que hiere de muerte a la esperanza en mejores días. Digo yo tristeza y rabia, aunque Jimena Costa es mucho más dura y certera en sus apreciaciones al reemplazar esas palabras por asco y depresión. Asco ante tanta violencia y sinrazón vista cada día, y depresión —que no es si no tristeza profunda— frente a ambas.

Hechos muy graves entre los que cito sólo tres, registrados en escenarios distintos, pero que en el fondo tienen un hilo conductor común. El primero, marcado por un escándalo financiero y la trágica muerte de un funcionario público. El segundo, marcado también por el escándalo, esta vez internacional, relacionado con BoA y el narcotráfico. Y el tercero, el más reciente, marcado por la violencia: la toma de la sede de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), en La Paz, por parte de afines al partido oficialista MAS. Los tres hechos tienen un protagonista en común, que no es otro que el Gobierno, amén de otros actores que debiendo ser independientes del poder central, no lo son.

El caso relacionado con la intervención del Banco Fassil es tal vez el más preocupante de los tres, por lo macabros que están resultando ser los hechos que se derivan del origen. Uno de ellos, el más grave hasta hoy, la muerte trágica del interventor Carlos Alberto Colodro López, registrada el sábado 27 de mayo. La abierta y torpe intromisión del Ministerio de Gobierno en el caso, al que resolvió dar por cerrado el martes último, calificándolo como suicidio, agrava el mismo y sólo sirve para alimentar la sospecha generalizada sobre una muerte provocada por terceros interesados en frenar o manipular la investigación abierta sobre posibles delitos financieros cometidos en el banco, en complicidad con otros.

¿Cuál es el afán de acelerar el cierre del caso Colodro, atropellando procedimientos y, más aún, forzando conclusiones antes de que siquiera el Ministerio Público cumpla con sus tareas investigativas? Frente a la artera manipulación de datos, imágenes y normas, las dudas van en aumento y las certezas se diluyen, generando más confusión y una corriente de especulaciones que, sin duda, afectan también ya a la investigación primaria que no es otra que la abierta sobre el manejo de los dineros captadas por Fassil. Peor aún: alimenta conjeturas sobre vínculos de esta muerte con al menos otras tres también trágicas, una de ellas en el exterior y dos en Bolivia.

A este caso se suma el del hallazgo de casi media tonelada de droga en un avión de BoA que salió del Aeropuerto Internacional de Viru Viru, Santa Cruz de la Sierra, hacia el de Barajas, en Madrid, España, en febrero.

Curiosamente, los únicos dos identificados y denunciados como responsables del transporte de la droga son funcionarios de bajo rango, encargados de carga. ¿Alguien puede creer que ellos lograron burlar el control de la Felcn, Interpol, Aduana, Naabol y Migración, y hacer pasar media tonelada de droga? ¡Pero si hasta por un cortaúñas paran a cualquier pasajero de BoA!

Y viene de yapa el tercer caso, el asalto a la sede de la Apdhb, a vista y paciencia de las autoridades llamadas por ley a resguardar las instituciones privadas y públicas. Peor aún: con la actuación de algunas de ellas, como es el caso de la Policía, a favor de los que han tomado las oficinas de la Apdh y que han sido identificados como afines al partido de gobierno. Pésima señal como se han encargado de remarcar organizaciones de la sociedad civil, que han coincidido en censurar la toma a través de comunicados oficiales.

Imposible no sentir rabia ante tantos atropellos y sinrazones. Difícil no sentir tristeza frente a esta realidad que lastima no sólo a los directamente afectados por la violación de sus derechos fundamentales. E inevitable librarse del pesado sentimiento de impotencia que nos embarga como ciudadanos deseosos de vivir en paz y en libertad. Otra vez, la pregunta recurrente en estos tiempos: ¿cómo cortar este círculo vicioso, marcado por los atropellos alentados desde el poder e impunes por la inoperancia, cuando no la protección, de las autoridades e instituciones llamadas por ley a frenarlos y castigarlos?