Informe sobre libertad de la cultura
En el año 2022, los Gobiernos de cinco países en América Latina —Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y El Salvador— llevaron a cabo diversas prácticas de hostigamiento, restricción o persecución contra actores del arte y la cultura.
Se trata de dictaduras (los tres primeros) o de regímenes híbridos autoritarios, donde este tipo de prácticas ocurren de manera frecuente, por lo que deben medirse y registrarse exhaustivamente.
Esta semana, presenté en el XV Oslo Freedom Forum (Foro de la Libertad de Oslo) —que se desarrolla en la capital noruega— el Informe sobre Libertad de la Cultura 2022, donde se recogen hechos ocurridos el año pasado, incluyendo precedentes de 2021 y otros casos sucedidos a inicios de 2023, para resaltar la continuidad en ataques o restricciones a los mismos actores.
Las categorías estudiadas incluyen hostigamientos verbales de funcionarios, obstáculos al financiamiento, censura, discriminación ideológica en espacios estatales, agresiones físicas, detenciones breves, juicios irregulares, encarcelamientos prolongados y clausura arbitraria de ONG, entre otras.
Como resultado de la investigación, se compilaron los casos emblemáticos que componen el informe y que ejemplifican una realidad regional que supera todo esfuerzo de síntesis.
En Cuba, los casos más relevantes están relacionados con las condenas de prisión, juicios irregulares, detenciones breves y restricciones a la movilidad de los artistas.
En Nicaragua, la clausura arbitraria de ONG culturales y de otras áreas alcanzó niveles extremos, y se registraron casos de expulsiones del territorio nacional y prohibiciones de reingreso al mismo, incluyendo la declaratoria de “apátridas” contra escritores destacados.
En Bolivia, las trabas administrativas y el hostigamiento contra artistas y organizaciones culturales provinieron principalmente del Servicio Nacional de Impuestos y del Procurador General del Estado (casos de Abecor, Pablo Osorio, obstáculos al Festival de Música Barroca y destrucción de obras de Ejti Stih).
En El Salvador, en el marco del estado de excepción y las detenciones masivas de personas sospechosas de ser miembros del crimen organizado, destaca la lamentable muerte en prisión de un joven músico a raíz de agresiones físicas, caso que el Estado trató de encubrir como un fallecimiento por Covid-19.
Columnas de EMILIO MARTÍNEZ CARDONA
