El liberalismo (visto) por el tubo

Varios medios audiovisuales e impresos, incluido Página Siete, difundieron largas entrevistas a Antonio Saravia, economista boliviano radicado en Estados Unidos, que culminó tres semanas visitando cinco ciudades del país trayendo la “buena noticia” de ¿su? liberalismo económico.

De toda esta cobertura, vi (en diferido) el debate de Saravia con Fernando Molina en Asuntos Centrales, y acabo de leer la entrevista en Página Siete. En el primer caso, Fernando Molina planteó que el derecho individual no puede sobreponerse a los derechos de las comunidades, poniendo como ejemplo el derecho de acceso al agua de una empresa minera, frente al de una comunidad agrícola que se vería afectada tanto por la reducción del caudal utilizable, como por la contaminación minera. La solución de Saravia para superar el dilema, es privatizar (concesionar) el agua: quien pueda pagar tendrá acceso al agua. Si, eludiendo la controversia planteada, la opción liberal es privatizar, habrá que prepararse para muchas nuevas guerras del agua (como la de Cochabamba en 2000).

El otro tema, ha sido su defensa del tipo de cambio con el argumento que el tipo de cambio fijo es una herramienta privilegiada para instrumentar una política monetaria que impida, al Gobierno, incurrir en déficits y gestar una inflación.

Mantener el tipo de cambio fijo requiere un flujo neto positivo de dólares —normalmente implica exportar más de lo que se importa (y de lo que se paga por deuda externa). En Bolivia, la coincidencia del boom  exportador 2006-2019, y la condonación de la deuda externa en 2005-2007, permitieron acumular suficientes reservas para mantener fijo el tipo de cambio y, además, la importación irrestricta (contrabando) de bienes y servicios como forma de control de precios (inflación) en el mercado interno. Pero esas condiciones ya no existen.

Cada país tiene un abanico de regímenes de tipo de cambio para elegir. Algunos países dejan “flotar” libremente su moneda en el mercado mundial, lo que les confiere alto control sobre sus políticas internas al no tener que defender el valor relativo de su moneda. La China “administra” la flotación de su tipo de cambio y eso le reduce en algo su espacio de política interna. Otros fijan el tipo de cambio respecto, por ejemplo, del dólar, lo que reduce aún más el espacio de políticas porque el gobierno debe gestionar la economía para tener, en sus reservas, la cantidad de dólares que permita defender la paridad cambiaria. Finalmente, se puede adoptar una moneda extranjera, como el Ecuador que adoptó el dólar, lo que prácticamente elimina poder a su política monetaria.

En resumen, si se busca maximizar el espacio efectivo de políticas internas, el sentido común dicta que, la opción, no puede ser otra que adoptar una moneda propia y “flotarla” en función de sus prioridades de desarrollo. Entonces, ¿qué se busca con fijar el tipo de cambio?

Para defender el tipo de cambio a corto plazo, Saravia propone recurrir a un préstamo del FMI (“patear la lata” hacia adelante) y eliminar el déficit fiscal: despedir 250.000 funcionarios, y cerrar todas las empresas públicas. El anticipo de esa “solución” lo vivimos en la segunda mitad de los años 80, pero hoy resulta poco creativo dada la compleja realidad boliviana actual.

En la interpretación ortodoxa, el gasto público (deficitario) impulsa la demanda (consumo), generando presiones inflacionarias al promover el empleo y el aumento de los salarios, lo que lleva al aumento de las importaciones que reduce la reserva de divisas del gobierno. El cambio fijo obliga al gobierno a no incurrir en gasto deficitario; más aún, con la premisa de garantizar el flujo positivo de dólares, justifica “formas de austeridad” –que normalmente se traducen en tener bajos los salarios para reducir la demanda agregada interna, y limitar las importaciones para mantener una balanza comercial positiva.

En la realidad, esa caprichosa interpretación de causas y efectos, busca negar toda posibilidad a las políticas progresistas orientadas al pleno empleo y a la equidad social, porque “el pleno empleo resultaría en aumentos de salarios que llevarían a consumir productos importados, reduciendo el superávit comercial público”.

En los dos ejemplos, Antonio Saravia refleja la mirada “telescópica” del argumento económico (neo)liberal: partir de evidencias y datos aislados, inferir vínculos directos de causalidad (por ejemplo, déficit, salarios e inflación), traducirlas en relaciones matemáticas, e imponerlas como verdades (leyes) de aplicación universal.

Desde 2010 venimos mostrando que el “modelo” vigente es inviable y que debe ser modificado estructuralmente hacia una economía “de y para la gente”. Pero creo que las “buenas noticias” del doctor Saravia no son el camino. En general, hay serias disonancias entre el discurso y la intención, y una desconexión conceptual entre la realidad, lo que “dicta la teoría”, y el rol (propósito) de la economía en la sociedad.

Después de todo, aunque tener un tipo de cambio fijo y una inflación del 2% sea, para Saravia y ciertos liberales, un logro, sin duda, para la gente, sería ampliamente preferible tener una economía de pleno empleo con 15% de inflación que otra, sin inflación, pero con 85% de empleo precario… y peor, con gente, tierra, agua y aire mercantilizados.