Rogelio Mayta, el defensor de DDHH, que ahora debe responder

Cabe recordar su imagen desencajada en un programa televisivo en 2021 a poco de asumir como canciller. Su vehemencia y descontrol que le hicieron perder la compostura, mostrando una lamentable imagen impropia de su investidura —faltó muy poco para que brotaran los espumarajos de rabia contenida—. La ira del canciller plurinacional, al referirse a los diplomáticos echados a la calle por él, le hizo propalar exabruptos célebres por su rusticidad: “Diplomáticos de nariz respingada”, “inoperantes que sólo se dedicaban a asistir a cócteles, levantar el meñique y doblar la cabeza ante un imperio que queda por el norte”, “a partir de ahora, sólo los que tienen apellidos del pueblo serán quienes ocupen cargos diplomáticos…”, “no existe carrera diplomática”, entre otros.

Pocos meses antes, el día de su posesión en noviembre de 2020, a tiempo de dirigirse a todo el personal de Cancillería, reconoció su escaso conocimiento en diplomacia y en el trabajo específico en relaciones exteriores, por lo que —infinitamente hipócrita— luego de llenarlos de elogios, les solicitó redoblar esfuerzos para ayudarlo en su gestión. Sin embargo, al día siguiente, dio la orden para iniciar el despido masivo de diplomáticos, vulnerando todas las normas vigentes.

Eso hizo Mayta, el autocalificado “experto y defensor de derechos humanos”, toda una sarta antológica de actos administrativos violatorios de derechos, cargados, cuándo no, de prejuicios e insultos discriminatorios y racistas, nada menos proferidos por el canciller de un Gobierno que no se cansa de pontificar su incesante lucha contra la exclusión, la igualdad ante la ley y el respeto al derecho.

Al hombre en cuestión, sobradamente, el cargo que ostenta le queda grande. No basta haber sido un abogado más, de los muchos que hay, quizás dedicado en alguno que otro trámite en tribunales, Fiscalía, Derechos Reales (que no humanos) o la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc). Y no es que sea malo dedicarse a esos menesteres, ¿pero para canciller?, eso no alcanza. La prueba clara es la intrascendente y tragicómica conducción de la política exterior a su mando en casi tres años de gestión plagados de vergüenzas e indignidad cometidos a nombre de Bolivia.

Pues bien, ahora le toca ser demandado por haber vulnerado los derechos humanos —vaya paradoja—, de un nutrido grupo de diplomáticos de carrera (aunque él insista en negarlo, pésimamente asesorado), los mismos que fueron desvinculados ignorando sus garantías protegidas por la Constitución Política del Estado (CPE), leyes, decretos y reglamentos.

Le toca defenderse como autoridad, personero y principal responsable de la Cancillería del Estado por los atropellos cometidos. Mayta debe demostrar que en Bolivia no existieron ni existen leyes expresas, como la 1444 y 465 (esta última promulgada en la gestión del MAS), que regulan y tutelan el servicio exterior; que no hubo ni hay escalafón diplomático. Debe explicar, por qué en Bolivia se vulneran derechos fundamentales universalmente reconocidos por la abrumadora mayoría de los países civilizados del mundo.

Deberá también responder, por qué en Bolivia el partido gobernante considera que hay ciudadanos de tercera categoría que no merecen ser protegidos en sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, a su proyecto de vida, a la seguridad social y a una jubilación, y, más por el contrario, se les debe provocar el mayor daño posible desde todas las instancias del poder, como si fueran parias y no bolivianos.

Mayta y los suyos, tendrán que hacerse cargo de todo eso, de su prepotencia, de su soberbia, de su audacia. En instancias internacionales las cosas son distintas, no existe injerencia desde el Ejecutivo, ni presiones ni amenazas, ni órdenes para intimidar a jueces y vocales con el fin de direccionar sus acciones contrarias al derecho y las leyes. El partido en ejercicio de gobierno, no podrá meter su uña (más bien garra), para manipular la justicia con fallos aberrantes tal como está habituado.

Rogelio Mayta, como principal demandado, tendrá que dar la cara en instancias internacionales, puesto que, por si no se ha enterado aún, no obstante reclamarse experto en derechos humanos, Bolivia es Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuyo texto original está en archivos de la Cancillería a su cargo, por lo que no sería mala idea pedir una copia antes de responder, y echarle una leída así sea a la rápida, para ver de qué se trata.