El poder de las calificadoras de riesgo: Termómetro financiero de los países

Las agencias de calificación de riesgo, tales como Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch Ratings, se han convertido en instituciones financieras de enorme influencia. Su papel radica en evaluar y asignar calificaciones a la deuda emitida por gobiernos, empresas y otros emisores, lo que indica a los inversores globales qué bonos soberanos son seguros (“grado de inversión”) y cuáles conllevan más riesgos, conocidos como “high yield bonds”  o “bonos basura”. En un mundo donde los países dependen del financiamiento externo para sus necesidades y proyectos, estas calificadoras son actores clave al señalar dónde invertir.

Hace más de 28 años, en un artículo publicado en  el diario The New York Times, titulado Foreign Affairs: Don’t mess with Moody’s  (Relaciones Exteriores: No te metas con Moody’s), el renombrado periodista y escritor Thomas

Friedman plasmó su inquietante observación sobre el poder de estas entidades: Vivimos en un mundo de dos superpotencias: Estados Unidos y Moody’s. Estados Unidos puede destruir un país arrastrándolo con bombas; Moody’s puede hacerlo rebajando la calificación de sus bonos...”.

A pesar de la gran influencia que tienen sobre la economía de un país, las calificadoras de riesgo no han escapado de la controversia, especialmente durante la gran crisis financiera mundial de 2008.

En aquel entonces, se evidenció que otorgaron calificaciones excesivamente altas a productos financieros complejos respaldados por hipotecas de alto riesgo, de baja calidad, lo que resultó en el colapso de varias entidades financieras, como el extinto Banco de Inversiones Lehman Brothers.

No obstante, es justo reconocer que, tras la crisis de 2008, se implementaron cambios regulatorios para mejorar la rendición de cuentas de las calificadoras de riesgo y fomentar la transparencia en sus procesos. La Ley Dodd-Frank Wall Street Reform, de 2010 en Estados Unidos, es un ejemplo de ello: apunta a reducir los conflictos de intereses y evaluar con mayor precisión los riesgos asociados.

Bajo ese contexto, en los últimos meses, las tres agencias mencionadas han comunicado rebajas en la calificación soberana de Bolivia, situándola en la categoría de inversiones de riesgo o “especulativo”, siendo la última Moody’s que hace pocos días anunció la modificación de la perspectiva de la calificación “Caa1” de “en revisión” a “negativa”. Todas coinciden en que esta degradación se debe principalmente al deterioro de la liquidez externa que se expresa en la presión sobre las reservas internacionales netas del país.

Cabe hacer notar que el Presupuesto General del Estado (PGE) 2023 contempla la posibilidad de una nueva emisión de bonos soberanos por un monto de hasta 2.000 millones de dólares para apoyo presupuestario y/o manejo de pasivos.

Por lo tanto, el deterioro de la calificación soberana del país tiene su efecto directo en la percepción de los inversionistas globales sobre un mayor riesgo de incumplimiento o una menor capacidad de pago del país, lo que se traduciría en una mayor tasa de interés que exigirán dichos inversionistas.

Utilizando el dato de Riesgo País para Bolivia calculado por JP Morgan Chase (Emerging Markets Bond Index, EMBI, en español: Indicador de Bonos de Mercados Emergentes), y sumando la tasa de los bonos estadounidenses a 10 años (“tasa libre de riesgo”), la tasa mínima que los inversionistas exigirían a Bolivia sería aproximadamente de un 13% de interés, aumentado así el costo de financiamiento, en caso de una posible nueva emisión.

Para terminar, y volviendo al artículo de Friedman en The New York Times, éste mencionaba que en la década de los 60, el visitante más importante que podía recibir un país en desarrollo era el jefe de Usaid, la agencia de EEUU que distribuía ayuda exterior; entre los años 70 y 80, era el Fondo Monetario Internacional (FMI), para ayudar a reestructurar la economía; mientras que en la década de los 90, la visita más importante era la de la calificadora de riesgo Moody’s. 

Esto último se aplicaría al actual contexto boliviano, ya que el Gobierno deberá persuadir a las próximas misiones de las agencias que lleguen al país sobre la eficacia de las políticas que se están adoptando para mejorar la situación de liquidez externa, con el fin de al menos mejorar las perspectivas sobre la calificación crediticia.

Sin embargo, para Bolivia y otras naciones, enfrentar el juicio de estas entidades poderosas es un recordatorio de la importancia de mantener una economía sólida y medidas efectivas para afrontar los desafíos financieros.