Hampa vs. prensa

Si personas, o grupos de personas, se juntan para protestar es un hecho noticioso y la obligación de los periodistas es reflejarlo para el resto de la sociedad. A veces, las protestas se tornan violentas y pueden afectar a los periodistas que están en el lugar del hecho noticioso, aunque incluya violencia, lo que se considera más o menos normal en el trabajo de la prensa.

Pero lo que pasa en Bolivia no es normal.

En general, las protestas ya no son manifestaciones de gente que sale a las calles a expresar su indignación, sino que se han convertido en un recurso eficaz para que delincuentes o grupos de delincuentes cometan delitos y gocen de impunidad.

Si revisamos las protestas de los últimos años, encontramos elementos comunes, por ejemplo, la existencia de grupos de choque cuya tarea específica es evitar que sus actos delincuenciales sean grabados y, así, sirvan de prueba para un eventual juicio penal. Son estos grupos los que actúan directamente contra los periodistas que, por la naturaleza de su trabajo, son los que graban las protestas.

Veamos lo sucedido esta semana en Sucre, cuando la periodista Daniela Valdez grababa los sucesos en la Villa Bolivariana, donde varios funcionarios municipales quedaron encerrados por manifestantes: una mujer fue a quitarle el celular y, cuando ella intentó recuperarlo, varios más aparecieron para apoyar lo que en derecho penal se llama robo agravado.

Eso mismo ocurrió en Potosí, hace unas semanas, cuando una periodista filmaba hechos protagonizados por grupos violentos: intentaron quitarle el celular, pero ella logró evitarlo.

Estos sucesos recientes no llegaron al nivel de violencia de otros y que permanecen en la impunidad. Por ejemplo, en la misma Sucre un periodista de Correo del Sur recibió disparos de fuegos artificiales lanzados por manifestantes que asaltaban un edificio.

Entre los casos más graves está la golpiza al periodista Mario Rocabado, que cubría los conflictos en La Guardia, en noviembre de 2022, porque esto ocurrió ante la mirada impávida de los policías que no hicieron nada para evitarlo. Como en la mayoría de estos casos están involucrados afines al MAS, la impunidad es la regla. Si los llevas a juicio, no falta un fiscal que lavará diligencias, como me pasó a mí con la agresión que sufrí en el Cerro Rico.

Hemos llegado a niveles de inseguridad tan alarmantes que el periodismo es labor de alto riesgo. El Estado heredado de Evo Morales no protege a la prensa, todo lo contrario. Por eso tenemos un caso como el de Las Londras, de octubre de 2021, en el que los autores de un conjunto de delitos como secuestro, torturas, lesiones, amenazas e intento de asesinato contra periodistas están siendo encubiertos, y hasta protegidos, por la Policía y el Ministerio Público.

Los que atacan a periodistas son delincuentes y los jueces, fiscales y policías que lo permiten son sus cómplices.