Explicaciones pendientes

Al cabo de casi un año y medio desde que Yerko Terán, entonces comandante de Umopar en Chimoré, denunció a sus inmediatos superiores y al ministro y viceministro de Gobierno de ordenar “exfiltrarse” (abandonar la intervención policial en curso) de un complejo industrial de refinación de cocaína, en el Valle Sacta, Chapare, los silencios, enredos y contradicciones sobre la política contra este delito se multiplican.

En ese lapso y con el reciente clímax que representa la teatral desaparición del uruguayo Sebastián Marset, acusado en varios países de ser cabeza empresarial de un emporio dedicado al rescate y exportación de cocaína, las preguntas que no se contestaron desde el 4 de abril de 2022 (fecha de la denuncia de Terán), no se han despejado y otras nuevas flotan en el vacío.

La confusión inicial tiene que ver, pero no se agota, con el hecho de que la primera publicación del operativo en Valle Sacta apareció mezclada con la disputa interna del Movimiento al Socialismo (MAS).

En el momento de presentar la grabación de las órdenes recibidas por el teniente coronel Terán, el jefe de la facción disidente del MAS planteó dudas gravísimas sobre el alto mando operativo del área y el ministro y viceministro de Gobierno.

El exministro Carlos Romero señala, directa y reiteradamente, al Gobierno de “encubrir y proteger al narcotráfico”.  Sus acusaciones han recrudecido con la escapada de Marset, afirmando que el Gobierno paraguayo advirtió al de Bolivia sobre la presencia del prófugo hace ya un semestre.

Romero cita, como prueba, declaraciones formuladas por el ministro del Interior de Paraguay a un periódico de Asunción. En contrapartida, el actual ministro boliviano (de la cartera equivalente, Gobierno, N. del E.), dice que la información recién se habría conocido en junio de este año.

La pregunta de si fue en febrero o en junio que las autoridades se enteraron de que Marset vivía, lujosa y ostentosamente en Bolivia, supera los límites de la discusión entre el actual y anterior ministro de Gobierno, porque el 4 de agosto último se ha publicado un titular según el cual Paraguay alertó en febrero que Marset y dos capos narcos estaban en Bolivia (ver Los Tiempos del viernes 4 de agosto).

La nebulosa persiste, más allá del desmentido oficial (“Hubo reunión con autoridades paraguayas en febrero, pero no se tocó el tema Marset, Reges e Insfran”) y de la última visita del viceministro Mamani a Asunción, donde no hubo una declaración oficial y bilateral que despeje la incógnita.

En cuanto al casi olvidado asunto de Valle Sacta, el viceministro de Defensa Social ha justificado su actuación y la de los jefes policiales acusados, con base en presuntas consideraciones tácticas.

Y, luego, encabezó una nueva intervención supuestamente sobre la fábrica “exfiltrada”, lo que también fue cuestionado por el Tcnel. Terán, quien afirma que el operativo se realizó sobre otras instalaciones, mucho menores en importancia de la que el califica como la mayor fábrica clandestina descubierta en nuestro país.

La investigación del caso ordenó destitución y capturas de jefes policiales, luego liberados y exonerados de culpa, mientras que la posibilidad de actuar contra Yerko Terán nunca se materializó, lo que solo puede interpretarse como reconocimiento de que el oficial no mintió al hacer su denuncia y que su resistencia a ejecutar la orden de repliegue estaba justificada.

Pero, si su señalamiento fue correcto ¿cómo se explica la inamovilidad del viceministro y los jefes que abortaron el operativo?

Entre uno y otro incidente se han presentado muchas más situaciones indescifrables, incluyendo el envío de un cargamento de cocaína en la línea aérea bandera del país que, según las investigaciones en curso, sólo comprometerían a una autoridad intermedia y varios funcionarios de menor o último rango.

Talvez en el Gobierno se consuelen pensando que los deseos de opositores —sean los de su propio partido o los de otras siglas— de que las contradicciones oficiales puedan afectar algo más que su imagen no se harán realidad, porque no se conocen ejemplos de gobiernos que hayan sucumbido a acusaciones de asociarse con criminales, sea de tráfico de drogas u otros delitos.

Semejante tipo de razonamiento omite reconocer que los daños ocasionados por silencios, incongruencia o complicidades nos alcanzan a todos los bolivianos, por encima de la indiferencia y desidia de la pasajera burocracia que ejerce el mando.