El fenómeno Milei y la corrupción

La sorpresiva votación que obtuvo Javier Milei en las elecciones primarias argentinas supone no sólo una llamada de atención a la “casta” política, comprometida con la corrupción y el despilfarro económico, sino también ha relanzado los principios liberales. Mientras los dirigentes argentinos no se lo tomaban en serio, su popularidad crecía hasta convertirse en un fenómeno político transversal que nadie percibió a tiempo.

El candidato ha sabido capitalizar el masivo descontento social y ha terminado imponiéndose a los partidos tradicionales. Muchos de sus seguidores no están de acuerdo con su negacionismo del cambio climático o su propuesta de dolarizar la economía, pero celebran sus discursos incendiarios contra los políticos tradicionales. Al grito de “viva la libertad, carajo”, Milei será el árbitro de la política argentina.

El mismo hastío que en Brasil engendró a Jair Bolsonaro ha dado esta primera victoria a Milei. Aunque existen varias teorías sobre este virtual triunfo, comparto aquella que atribuye este batacazo al voto anticorrupción, antiizquierda y todo lo que supone el socialismo del siglo XXI. En el vecino país, la corrupción ha sido más significativa, no sólo por la dimensión de los escándalos sino también porque ha tenido como consecuencia directa arrastrar a la Argentina, otrora uno de los países más ricos de Sudamérica, a la peor crisis económica y política de su historia.

Que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se encuentre condenada por actos de corrupción evidencia, por un lado, que este fenómeno ha trepado alto y, por otro, la voluntad política de luchar contra este flagelo universal. La corrupción ha sido dirigida en unos casos, y consentida en otros, desde el mismo Gobierno. El fiscal Diego Luciani pidió 12 años de cárcel para Cristina Fernández de Kirchner y su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, porque la considera jefa de “la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país”. El pedido de condena es el punto culminante de la llamada “causa Vialidad”, en la que la exmandataria y otros 12 imputados fueron acusados de desviar fondos del Estado para enriquecerse.

A Cristina Fernández se la acusó de ser la jefa de una organización criminal creada “desde la cúpula del poder”. El fiscal estaba convencido de que la vicepresidenta “no podía no saber” lo que sucedía bajo su mando, y tenía un arsenal probatorio para sus acusaciones. También difundió, durante sus alegatos orales, mensajes de WhatsApp donde los acusados mencionaban a la por entonces presidenta de dar el visto bueno a tal o cual contrato. En el juicio se detalló una estructura de corrupción “extraordinaria”, donde el empresario Lázaro Báez monopolizaba contratos millonarios de obras públicas en la provincia de Santa Cruz, cuna política del kirchnerismo.

La estructura criminal estaba conformada por varios funcionarios públicos de alto rango que, en una estricta separación de roles, se beneficiaron del Estado, y adoptaron las medidas necesarias para buscar la impunidad. La corrupción fue la regla; se creó un eficaz sistema de corrupción institucional”. La organización mafiosa fue creada durante el mandato de su marido, Néstor Kirchner (2003-2007) y continuó bajo el gobierno de Cristina Fernández.

El fiscal estimó en 1.000 millones de dólares el daño causado al Estado a través de 51 contratos de obras viales entregadas a Austral Construcciones, una empresa creada por Lázaro Báez que en pocos meses se convirtió en millonario. La fiscalía estableció que el patrimonio de Báez creció 12.000% entre 2004 y 2015 y el de su empresa un 46.000%. Durante las tres presidencias del kirchnerismo, Báez solo tuvo como cliente al Estado.

La mayoría de las licitaciones públicas tenían sobreprecio, no se terminaban las obras contratadas o, cuando se construían, eran de tan mala calidad que había que repetirlas. Entre varias acusaciones que tiene la exmandataria en este juicio, se tiene demostrado que no se trataba de simples “hechos aislados”, sino de una organización criminal incrustada en los más altos niveles del Gobierno argentino.

La corrupción siempre florece en la oscuridad del totalitarismo, del autoritarismo, del populismo y de las dictaduras que no admiten la separación de poderes, los controles institucionales cruzados, menos la fiscalización por parte los medios de comunicación social.