In-seguridad jurídica

De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), la seguridad jurídica es: “…un principio por el que actúa como un medio de protección ante la actuación arbitraria del Estado, propiciando que la relación de éste y sus habitantes, se enmarque en reglas claras, precisas y determinadas, más aun refiriéndose a leyes que deben contener y desarrollar mandatos constitucionales, basados en la materialización, tanto de principios ordenadores del sistema jurídico, como de derechos y garantías constitucionales”.

Además, la confianza legítima derivada de aquel: “debiera garantizar que la administración pública no pueda defraudar las expectativas que han creado sus normas y decisiones sustituyéndolas sorpresivamente por otras de signo distinto (…) es un límite de la actuación de la administración pública y al ejercicio de sus potestades”.

Pues bien, hasta ahí el verso jurisprudencial. Empero, tratándose de la compañía aérea Amaszonas y el trato que precisamente la administración pública le propina a través de “servidores públicos” del ramo, prueba más allá de toda duda razonable la temible situación de “in-seguridad” jurídica en la que las personas —sean individuales o jurídicas— estamos, en el Estado Plurinacional, en garras de funcionarios que prevalidos de su poder (que siempre es temporal) y al parecer de su absoluto desconocimiento de las leyes, jurisprudencia y hasta sentido común, le meten no más por encima de todo, incluyendo hasta las decisiones de tribunales de garantía.

Una Sala Constitucional cuyo fin precisamente radica en efectivizar los derechos y garantías de todas las personas frente a actos u omisiones indebidas o ilegales del poder, digamos arbitrarias (“que depende solamente de la voluntad o el capricho de una persona y no obedece a principios dictados por la razón, la lógica o las leyes”, según cualquier mataburros); acaba de ordenar: a) que la suspensión de operaciones de la aerolínea cese, en calidad de medida cautelar; y b) luego, ya en el fondo, ha ratificado esa suspensión y por ende, que sus aviones puedan volar. O sea que el Estado, actuó arbitrariamente.

Más allá de los problemas que la empresa enfrenta con sus contratos —entiendo de leasing (alquiler con opción a compra) de las naves— que deberán ser resueltos ante tribunales competentes, etc., es harto evidente que esas resoluciones constitucionales qué por orden de la mismísima Constitución Política del Estado (CPE), deben cumplirse de manera inmediata y sin observación alguna (pese incluso a que habrán sido enviadas al TCP para su revisión), asombra e indigna que, como prueba de ignorancia supina y extrema prepotencia, han sido y/o estaban siendo (ojalá) asombrosamente incumplidas por los obligados, es decir, los accionados o demandados por la acción de amparo realizada. Lo hacen de manera pública y sin la menor vergüenza, siquiera…

Pues bien, más allá del caso concreto, ese sistemático abuso es el peor mensaje que el Estado Plurinacional puede enviar a cualquier persona que se arriesgue invertir en Bolivia. Actualmente, pese a la propaganda oficial que ya peca de temeraria, es tan bien sumamente evidente que, entre otras cosas, estamos en una crisis económica. La queja de la gente es que “no hay circulante”, es inocultable el desempleo, los organismos oficiales están raspando la olla esquilmando los bolsillos de los contribuyentes (en odiosa discriminación hacia otros privilegiados que no tributan pese a disfrutar de muchos recursos, algunos hasta ilegales) y, en suma, no se está generando riqueza, menos impuestos y peor, empleos. El modelo tan propagandeado ha fracasado.

Lo peor de todo es que con esos temibles mensajes, por los que unos empleados públicos —me resisto llamarles servidores— se han puesto por encima de la CPE, las leyes y los tribunales, metiéndole no más por encima de todo, incluyendo hasta el sentido común. Los daños son harto evidentes y, a mediano plazo podrían también generar millonarias indemnizaciones contra el Estado (que ojalá sean repetidas contra sus perpetradores y no seamos los ciudadanos que terminemos pagándolas) y muestran que así nos estamos autoflagelando como Estado y ciudadanos.

Esto es una jungla en la que el que delira como todopoderoso hace lo que le da la gana y se pasa por el forro (para ser educadito), la CPE, leyes y decisiones de los tribunales, phajpakeando  temerariamente que estarían protegiendo nuestros intereses.

“Donde hay seguridad jurídica, las leyes son aplicables tanto para los que están en el gobierno como para los ciudadanos, y ahí todos, una vez más, somos iguales ante la ley. Esto equivale a ser gobernados por leyes conocidas y no por decisiones arbitrarias de los funcionarios de gobierno”, (Antonella Marty).