Suelo urbano en la gestión del territorio (II)

Los procesos de urbanización y crecimiento económico y la existencia del bono demográfico (la predominancia de la población activa en la pirámide poblacional) generaron un fenómeno particular de metropolización en el eje de desarrollo del país. Las tres regiones metropolitanas (las conurbaciones de las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz y sus entornos rurales) concentran dos tercios de la población del país.

En las cuatro grandes ciudades de estas regiones (La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra) se genera el 48% del producto interno bruto (PIB) nacional. La metropolización podría derivar en procesos de urbanización de la pobreza (en Bolivia la pobreza extrema se ubica tradicionalmente en el área rural) y de urbanización del riesgo (por la instalación de asentamientos con elevada vulnerabilidad global, más allá de la consideración de las amenazas naturales).

El déficit habitacional tuvo en la última década un comportamiento irregular. En la actualidad, las tres regiones muestran importantes déficits cuantitativos y cualitativos. Los análisis de los datos de la Encuesta de Hogares realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2014 muestran que el déficit cuantitativo llega a 22,36% en las tres regiones (19,11% en La Paz, 24,85% en Cochabamba y 25,85% en Santa Cruz). El déficit cualitativo llega a 29,71% (27,46% en La Paz, 27,03% en Cochabamba y 37,00% en Santa Cruz). Los hogares cuyos jefes o jefas tienen menor edad o tienen menores ingresos muestran mayor déficit habitacional tanto cualitativo como cuantitativo. Variables como el sexo del jefe de familia o su autoadscripción a un pueblo indígena u originario no inciden en el déficit cuantitativo, pero sí en el cualitativo: las familias con jefas cabezas de hogar tienen menor déficit cualitativo, mientras que las familias jefaturizadas por un indígena muestran mayor déficit.

Existe disparidad en las tres regiones respecto de la calidad de la vivienda. Análisis de los datos censales de 2012 revelan patrones distintos: mayor homogeneidad en Santa Cruz y mayor heterogeneidad en La Paz. Los patrones de porcentajes de las viviendas clasificadas como buenas, aceptables, recuperables e irrecuperables muestran que en la región de La Paz la mayor parte de las viviendas están entre aceptables y recuperables, mientras que en Santa Cruz y Cochabamba hay mayor proporción de viviendas buenas y aceptables.

Entre los problemas identificados en relación con la manera que se están encarando los problemas de déficit habitacional están los siguientes: en cuanto al crecimiento urbano, se observa la expansión en exceso frente a los instrumentos de planificación (vista como problema general en Cochabamba), sobre todo por la falta de previsiones de suelo urbanizable (más observada en Santa Cruz, como necesidad de que las municipalidades aporten en la oferta de tierra urbana, y en La Paz, como desplazamiento hacia las laderas o a zonas alejadas) y la pérdida de suelo agrícola.

En cuanto a los sujetos participantes, se destaca la dificultad de conformar coaliciones sociales en las que los afectados sean protagonistas; también se observa la acción negativa de grupos de loteadores (ligados en algunos casos a las autoridades municipales); la preferencia de la dotación de viviendas a grupos corporativos oficialistas; la búsqueda de ganancias económicas por parte de las empresas constructoras. También se señala la incompatibilidad de los asentamientos con las formas culturales de convivencia en comunidad, sobre todo en el caso de inmigrantes de origen rural.

El déficit habitacional suele medirse en función de hogares sin vivienda (déficit cuantitativo) y hogares que disponen de viviendas con condiciones deficientes (déficit cualitativo). En primera instancia, es necesario señalar que, a pesar del rápido crecimiento de la población urbana, entre los censos de 1976 y 2012 no variaron, a escala nacional, las proporciones de tenencia de viviendas propias y alquiladas. La de viviendas propias subió de 69,6 a 69,7%; la de viviendas alquiladas, de 14,9 a 16,2%. Si bien los porcentajes no cambiaron notablemente, se percibe una variación en la calidad. Hacia mediado de la década de los años 90, el déficit era uno de los más altos de América Latina (72,3 por cada 1.000 habitantes de déficit cuantitativo, frente a 48,7 de promedio regional; 33,3% de déficit cualitativo, frente a 28,6% en la región). Una evaluación de finales de esa década sostenía: “En el sector urbano, estos elevados déficits se explican en parte porque la tasa de crecimiento urbano, 4,6%, es la más rápida entre los países de la región” (Szalachman 1999: 41).

De esta manera, el suelo servido y las condiciones para la accesibilidad a una vivienda digna se constituyen desafíos importantes para las políticas urbanas y, un imperativo categórico para las políticas habitacionales.

En el objetivo de lograr ciudades más equitativas, socialmente más justas, competitivas económicamente, y ambientalmente sostenibles, el Estado, basado en principios de ordenamiento territorial, debe garantizar el derecho a suelo urbano accesible —con valor de mercado—, conectado eficientemente a la trama urbana, contemplando áreas ambientalmente aptas, con infraestructuras y servicios, y no solamente residuales o marginales; y su relación eficiente con las condiciones de empleabilidad, movilidad urbana, espacios públicos, de recreación y actividades socioculturales, áreas verdes, productividad, que garanticen el acceso al suelo urbano integral.

El autor, Ph.D., es investigador del Ceplag–UMSS, mkquiroga@gmail.com