Tramo 2: ruta radioactiva en Santa Cruz

Con lentitud que empieza a quebrarse, por decisión de un puñado de comunicadores y profesionales, un par de medios y unos pocas legisladores, Santa Cruz empieza a enterarse de la maraña de intereses, juegos políticos y apuestas millonarias escondidas detrás del aparentemente rutinario choque entre el gobierno central y la gobernación departamental sobre el trazo de la ruta Tres Cruces-Buena Vista, visibilizado por un minoritario pero implacable bloqueo caminero que paralizó el movimiento en la principal ruta económica del país.

Con torva sonrisa, el ministro a cargo de empresas como ABC o BoA, sacudidas por impunes escándalos de desfalcos, fraudes y exportación de drogas ilegales, amenaza con un plazo fatal de días y horas para comenzar la construcción de un camino cuyo segundo tramo atraviesa el área de recarga hídrica de la ciudad y debajo de la cual se hallan los acuíferos que permiten que pueda surtirse de agua dulce, ahora y por los próximos años.

La pugna ha permitido que se devele el precio de la carretera. Antes de empezar a construirse, se ha multiplicado por cuatro, ascendiendo de los 81 millones de dólares a 212 millones de dólares, aproximándose a 3 millones por kilómetro construido, en franca competencia con los ya inflados precios de otras obras de ABC, que parecen dirigidas a empatar los 14 millones de dólares/kilómetro que se nos cobra por el tramo de El Sillar en el trópico cochabambino. Deuda nacional, estafa general.

Recién ahora, años después de que la gobernación tramitase la construcción, la ciudadanía se entera de que, según sea la forma en que se resuelva la discusión de reservas y disponibilidad hídrica, se decidirá si Santa Cruz de la Sierra —la ciudad más poblada de Bolivia que, en un par de décadas más podría llegar a albergar a 1/3 de la población total del país— es condenada a la sed, bastante antes de ese plazo y, con esta lacra sobre la espalda, afrontaría el truncamiento de su dinamismo actual y su propio porvenir.

El Ministerio de Obras Públicas, el del área gubernamental donde las investigaciones judiciales concluyen que recibir millones en un hotel es “parte del trabajo normal” de la institución y no un soborno; o de las que persiguen cargadores y guardias cuando se exporta casi media tonelada de cocaína en la “línea aérea bandera”, acusa a las autoridades regionales de autorizar urbanizaciones que contaminarán con desechos humanos el agua, mientras que desde la gobernación se contrataca afirmando que el ministro defiende a cientos de sindicatos de nuevas colonizaciones que tendrán similares efectos porque, al final, las tierras también serán vendidas como lotes de engorde a otras urbanizaciones.

El público carece de datos para saber con precisión quiénes y cuánto mienten, o si todos los involucrados están completamente dedicados a proteger, por razones económicas y/o políticas, a sus clientelas y, nada raro, a empresas vinculadas, parentela o conmilitones.

Más allá de las discusiones e intrigas de políticos profesionales, la calidad técnica, integridad y perseverancia de unos pocos profesionales ha transparentado que Santa Cruz de la Sierra —y en realidad todo el departamento— enfrenta una amenaza de calidad radioactiva, porque la no modificación del trazo del camino conlleva una auténtica sentencia letal.

La indignación que causaron la crueldad y la indiferencia del gobierno central ante la quema de cinco millones de hectáreas, de la Chiquitanía, el Chaco, la Amazonía en 2019, nunca ha terminado de ser entendida por la dirigencia del MAS, en cualquiera de sus facciones. La negativa a declarar aquel infierno ardiente zona de desastre nacional, donde murieron miles de criaturas vivas, movilizó la conciencia y la rebeldía.

Empieza ahora a suceder algo parecido, pese al llamativo y hermético silencio de quienes suelen llenarse la boca con alabanzas al modelo cruceño, igual que el de instituciones internacionales, obligadas ciertamente a ser discretas y no participar directamente, pero compelidas por sus propias reglas a detener el financiamiento de obras tan frontalmente agresivas contra la vida, la naturaleza y la sociedad. Su sinuosa actuación aviva las divisiones y apaña la corrupción.

La amenaza que se da en el área del Amboró es tan grande porque se trata de una de las reservas nacionales (de todos los bolivianos) más vulnerada y carcomida por la colonización e incursiones ilegales. La respuesta nacional debe ser clara y terminante: la veda (prohibición completa) de cualquier tipo de asentamiento (urbanización, empresa, sindicato) sobre los acuíferos y zonas de recarga y un amplio perímetro de seguridad y amortiguación que los proteja. Lo mismo que se aplica a la zona de las Lomas de Arena, que tiene dueños y avasalladores, muy bien protegidos, estos últimos, por influencias judiciales y políticas.