TSJ: ¿otra consulta MAS?

A los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se les ha juntado la gula con las ganas de comer: “ignorando” que el proceso de elección de altos cargos del sistema de justicia está al borde del fracaso y que por los tiempos sería materialmente imposible que cuando ellos cesen indefectiblemente sus funciones de seis años (Art. 183.II de la CPE) sus sucesores provengan de —ojalá— genuinas elecciones y no solo votaciones, han decidido chicanear aún más de lo que ya está ese tortuoso proceso, enviando el proyecto CS 144 de Ley Transitoria para elecciones judiciales 2023-2024, al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) alegando tener dudas sobre su constitucionalidad.

De esa manera se aseguran, vaya uno a saber con qué fines reales, que el 31 de diciembre de este año se produzca el —para algunos— temible vacío de poder y/o le tienden la cama al Ejecutivo para que le meta no más un decretazo para ampliarles inconstitucionalmente sus funciones y/o se nombre a dedazo, otros MASistrados. Lo cual sería una solución también inconstitucional como enseñan los arts. 1112.III; 140. I y II y castiga el 122 de la Constitución Políticas del Estado (CPE), además de los tipos penales de los arts. 153, 157 y 163 del CP, entre otros.

Peor aún, su consulta emerge de otra completamente absurda y dilatoria que una comisión de la Asamblea Legislativa les envió maliciosamente —también para seguir perdiendo tiempo— ya que ni siquiera estaba prevista por la CPE o la ley. Y no es que al caso se aplique aquel principio legal de lo que no está prohibido está permitido, pues con Aragón Reyes recordaré que el mismo rige para el ciudadano, pero no para el poder público cuyas facultades están previamente descritas por ley, lo que acarrea que sólo pueden hacer lo que la CPE y la ley les permite. No pueden entonces, meterle no más (“doctrina” Morales).

Recuérdese que aquella inicial “consulta” no tenía ninguna utilidad legal ni razonable, pero ahora fue sospechosamente aprovechada por los Supremos para, a su vez, enviarla al TCP, con la agravante que también sus magistrados, que deberán expedirse sobre la misma, cesan indefectiblemente en sus funciones a fin de año: ¿Serán juez y parte de la consulta cuyo resultado podría generar su eventual prórroga? ¿Eso es ético? ¿O están simplemente cumpliendo las órdenes recibidas del nuevo jefazo desde el Ejecutivo, para embarrar el proceso más de lo que ya está? ¿Le están haciendo el trabajo sucio como última ofrenda al poder partidario que les puso en el cargo, pese al lastre de su ilegitimidad por la paliza sufrida en las urnas? ¿A cambio de qué?

Si bien en abstracto, este procedimiento de consulta previa sobre la constitucionalidad de un proyecto de ley, a diferencia del anterior que envío a seis organismos cuya opinión en la realidad sería simplemente un florero, está previsto por la CPE y el Código Procesal Constitucional; a la vista del estado del arte del accidentadísimo proceso hacia la elección de los nuevos altos cargos y el avance inexorable del tiempo, ésta nueva consulta muestra inocultablemente una vez más la sujeción del TSJ al poder político partidario.

Están haciéndoles el trabajo sucio a quienes inocultablemente siembran minas al proceso de elección —que aunque demostrablemente fracasado, nos guste o no, es el único procedimiento constitucional— amparados en una supuesta duda sobre la constitucionalidad de algunos artículos propuestos, pues resulta muy poco probable que vivan en una burbuja que les impida discernir algo tan elemental en la vida, incluyendo claro está el derecho —peor tratándose de un “supremo” Tribunal— como es distinguir lo urgente de lo importante.

La lectura de las 19 páginas de su texto, sólo revela que ha sido convenientemente forzada para alargar prácticamente sine die el ya infructuoso proceso de elección; cayendo en el extremo patético de permitirse ahora el tupé de formular sus preocupaciones sobre la idoneidad y legitimidad de sus sucesores. No queda claro si hubo unanimidad de la Sala Plena para presentarla o simplemente se logró el mínimo legal exigido; pero ese texto confirma las peores sospechas que fue forzada con fórceps, para dar el tiro de gracia a la elección de sus sucesores, probablemente con la ¿esperanza o delirio? de prácticamente intentar prorrogarse, en sospechoso concierto con quienes la resolverán.

Esto prueba, más allá de toda duda razonable, aquello de Julio María Sanguinetti: “Las Constituciones se estiran como un bandoneón, para hacerles decir lo que quieran”.