El “lote” en el desarrollo ideológico, urbano y metropolitano boliviano

El futuro de Bolivia es urbano y para respetar esa realidad deben funcionar tres regiones metropolitanas, seis capitales y 50 ciudades intermedias que articulen un millón de kilómetros cuadrados con población dispersa. Para lograrlo, hay que plantear la batalla ideológica del desarrollo territorial y equilibrar la imposición electoral de lo “originario indígena campesino”, con el 80% de la población que ya vivimos en ciudades.

La dificultad mayor está en un Estado que desprecia esta realidad, y trata de ignorarla sistemáticamente. Estamos frente a una necesidad de economía de escala, racionalidad, sentido común e inteligencia y mientras no logremos establecer una relación responsable entre lo urbano y lo rural, no podremos alcanzar el desarrollo planificado de las ciudades, ni tendremos la posibilidad de alentar inversión rural con seguridad jurídica.

Resulta que la expectativa por la propiedad rural de la tierra es infinita gracias a un Estado que la entrega priorizando la demanda, no la producción. La reforma agraria definió que la tierra era para quien la trabajara, y la dinámica incorporó categorías como la función económica y social para justificar su conservación demostrando trabajo. El Estado termina siendo un pésimo administrador de este bien colectivo pues, manteniendo la autoridad absoluta sobre la tierra, no logra que sus detentadores apliquen las exigencias de sostenibilidad ambiental y, como su preocupación mayor es la distribución política, la entrega inorgánica carente de asistencia y ausente de competitividad incumple con su responsabilidad de cuidado en la aplicación de las normas fundamentales y hoy nos regala generosamente esta producción incontrolable de chaqueos, incendios y humaredas. Ya pasamos en 2019 la ignominia de 5,5 millones de hectáreas calcinadas, y no aprendemos.

En el ámbito urbano, la tierra se ha convertido en un instrumento de formalización social, transacción, inversión, capitalización, ahorro, invasión y especulación, a veces todo junto y a veces por separado. La compra de un lote, fraccionamiento urbano de la tierra, cumple el procedimiento teórico que permite superar la informalidad y demuestra cómo ha logrado condiciones, todavía no estudiadas, de inclusión y movilidad social.

El modelo de negocio sigue una secuencia conceptualmente completa: compra de un bien predial desde cualquier lugar, sobre la base de un plano, con la cédula de identidad del adquirente y una cuenta en una institución fiscalizada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), se realiza un depósito diario y la posterior inscripción del bien en el catastro y Derechos Reales. Ello concede al propietario la titularidad de derecho, y también la facultad de ser potencial usuario del sistema financiero y crediticio.

Hernando de Soto escribió El otro Sendero  y El misterio del capital  pensando en el Perú, sin suponer que su teoría se aplicaría radicalmente en Bolivia. Las empresas inmobiliarias legales —que ofrecen lotes saneados, inscritos en Derechos Reales y en urbanizaciones planificadas y aprobadas— se han convertido, a veces sin saberlo, en los mejores instrumentos públicos de formalización social y económica de una población calificada de informal, que paradójicamente honra sus compromisos y su palabra.

Para que el lote cumpla las condiciones de bien patrimonial, la inversión debe realizarse en un lugar con garantía de seguridad y plusvalía y donde la expectativa encuentre la evidencia. ¿Explica eso en algo lo que está ocurriendo en el área metropolitana de Santa Cruz?

En este proceso, el sector público nacional, departamental y municipal se está convirtiendo, por inacción, incapacidad o lenidad, en responsable del descontrol urbano al no cumplir de manera concurrente las competencias ordenadoras que le corresponde. Y por eso no se ejecuta la planificación, al haberse convertido el territorio un negocio de especulación inmobiliaria. Esta situación no podrá modificarse sin un debate ideológico, gobernanza y un acuerdo colectivo que enfrente esta situación expresada en la crisis del agua, los acuíferos, y regule el crecimiento de la mancha urbana. Mientras en Europa la propiedad de la tierra está ordenada y administrada desde hace mil años, nosotros deambulamos en improvisaciones, presiones, necesidades y corrupción.

Este es el momento para que las empresas constructoras y los desarrolladores inmobiliarios, que apuestan por la planificación y el crecimiento urbano integral, superen la coyuntura del conflicto y trabajen con el sector público proponiendo soluciones concertadas, reguladas y creativas.

El autor es director de Innovación del Cepad