Censo de 2024: el fin de las mentiras

En Bolivia tenemos la duda y la sospecha instalada, y habrá que reconocer que sobran razones para ello. El modo cotidiano de hacer las cosas supone que el ciudadano tiene el derecho de vengarse del aparato público, la administración y las autoridades, porque son corruptas, mentirosas, incapaces, en una letanía interminable que se acompaña con evidencias. Como Evo Morales, inconsciente de que la palabra del gobernante “causa estado” y por eso acarrea consecuencias, arremetió inmisericorde contra los cimientos de la gobernabilidad democrática debilitando la fe del Estado mientras atacaba a todos los gobernantes anteriores.

Cómo será cierto, que continua con la más total impunidad acusando, sin presentar pruebas, de corrupto y narcotraficante al Gobierno de su partido y a quienes fueron sus ministros, funcionarios leales, claques o lambiscones incondicionales. Quizá la frase más lapidaria para comprender esto es, “yo le meto no más y les digo a mis abogados que lo arreglen”.

El Censo ha sido manoseado por las mentiras sin condena con las que el INE forzó su postergación y obligó a una movilización ciudadana de 36 días para aprobar la ley que lo reencaminara. Y como el Censo proporciona el escenario al padrón electoral para garantizar elecciones transparentes y reparto territorial y económico del poder, habrá que repetir sin cansarnos que ambos procesos forman parte de un continuo que necesita confianza pues uno abre el camino al otro.

La ruta crítica del censo está definida por etapas técnicas y plazos rotundos que no pueden ignorarse. ¿Quién sabe cuál es el estado del arte, en este momento? Los grandes titulares de la urgencia mediática esconden, como las humaredas de los incendios, la importancia de esta acción que día que pasa no tiene posibilidad de recuperarse luego de la sospechosa postergación de aquel que debió realizarse el 16 de noviembre de 2022.

Además de completar procedimientos, organización territorial, capacitación masiva, trabajos de campo previos, validación de la cartografía, hay una asignatura informativa no resuelta que comparto como preocupación ciudadana. Existen organizaciones paceñas con argumentos irresponsables que se refieren al posible cambio de la sede de la presidencia de la república si los habitantes de La Paz disminuyen, instando a un traslado masivo de personas para que eso no ocurra.

Los recursos públicos del Estado y la sociedad boliviana ya no pueden continuar con la mentira del doble domicilio, el del Censo y el de dónde trabajan, votan y desarrollan sus actividades las personas. Una sola pregunta rebate los argumentos de censarse en un lugar distinto de dónde se vive: ¿en qué lugar recibe la familia los servicios de salud y educación? Si no es en el mismo domicilio donde está censado, crece la imposibilidad económica de brindar servicios dignos y suficientes por parte de los municipios y ciudades donde las personas los exigen.

¿Estamos a tiempo de superar estas dificultades? Comprobamos que sólo un acuerdo colectivo lo puede lograr después de conocer y evaluar las dificultades del Censo de Población realizado el año pasado en Paraguay. Ese censo revela que la población paraguaya disminuyó de 6.461.041 habitantes a 6.109.644, muy por debajo a las estimaciones estadísticas que señalaban 7.453.695. La proyección poblacional había tomado en cuenta los datos normales de fecundidad, fallecimientos y nacimientos anuales que, sin embargo, presentaron variaciones significativas por la disminución de la fecundidad, el efecto de la pandemia en la mortalidad y el fenómeno de la migración de los últimos tiempos, que no fue estudiado correctamente.

El INE paraguayo inclusive había utilizado algoritmos matemáticos para identificar la silueta de los edificios, lo que le permitía georreferenciar todas las viviendas, las instituciones públicas y privadas, locales de salud, dependencias policiales y militares. Se había incorporado el apoyo de las redes sociales con foros de libre expresión ciudadana, además del acompañamiento de la comunidad científica. Y a pesar de todo ello, los datos están siendo cuestionados.

Necesitamos una definición gubernamental que deje de ser engañosa y abra un espacio e incorpore al proceso al Comité Interinstitucional Impulsor del Censo que lidera la Universidad René Moreno, las redes e instituciones que integran la ruta del censo, la Fundación Jubileo, y a los académicos que trabajan sobre la materia.

El Censo tiene que mostrarnos la Bolivia ignorada, la que vive en un 80% en ciudades intermedias y regiones metropolitanas, en la que seis de cada 10 habitantes son menores de 30 años, la que necesita trabajar, producir, competir y exportar para sobrevivir dignamente más allá del circuito de la droga, la que tendrá que dar oficio a 1 millón de k2 que estará abandonado de “originarios indígenas campesinos”, mientras se depredan árboles, se incendian los bosques, se destruyen los acuíferos y se envenenan los ríos.

Considerando todo eso, ya va siendo hora de preguntarnos cuántos días faltan para la realización del Censo.