Crítico periodo para la libertad de prensa en el país
“En Bolivia se vive la etapa más crítica de la libertad de prensa desde los años 1980”, pues “persisten los embates de su (…) Gobierno contra el periodismo independiente, el acoso tributario, las sanciones económicas y judiciales, los daños materiales a las instalaciones de medios y amenazas a anunciantes”, constata la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en las conclusiones de su 79ª Asamblea General concluida el domingo último en Ciudad de México.
No sorprende la constatación de la SIP —una asociación de propietarios, editores y directores de diarios, periódicos y agencias informativas de América, que representan más de 1.300 periódicos y revistas—, pues coincide con las de Reporteros Sin Fronteras (RSF).
“En Bolivia, los ataques, las amenazas, la censura y el hostigamiento por parte del Estado y las fuerzas progubernamentales atentan regularmente contra la libertad de prensa. Los ataques hacia los periodistas se han intensificado, especialmente los de la policía”, señala, respecto de nuestro país, la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2023 publicada en mayo de este año por RSF, una ONG internacional cuyo objetivo es defender la libertad de prensa en el mundo y, en concreto, a los periodistas perseguidos por su actividad profesional.
Ambas constataciones reflejan la experiencia de los periodistas que, en su labor cotidiana, ven limitado el derecho irrestricto de todo boliviano a la información generada por las entidades estatales.
Aunque existe un decreto supremo, el 28168, actualmente vigente y que garantiza el acceso a la información de la administración pública, de interés colectivo, ese derecho es sistemáticamente soslayado por los funcionarios estatales de todos los niveles.
Esta realidad que socava las libertades de información y de expresión, fundamentos de la democracia, se agrava con la impunidad de la que gozan en el país, los responsables de agresiones a los periodistas, como el ataque perpetrado hace dos años por un grupo de encapuchados armados que retuvo por la fuerza durante horas a siete periodistas, además de otras 10 personas entre ellos algunos policías, en el predio La Londras, en Guarayos, Santa Cruz.
Esos factores explican por qué la libertad de expresión y de prensa en Bolivia son objeto de alta restricción como califica la SIP al resultado de las acciones y omisiones de las instancias estatales que colocan a nuestro país en el grupo de los cuatro países americanos, junto con Guatemala, Cuba, Venezuela y Nicaragua, donde existe “un acoso permanente a los medios escritos independientes”.