Se acaba el tiempo

Un reciente informe del Instituto Boliviano de Comercio Exterior señala que, entre agosto de 2022 y agosto de 2023, las exportaciones bolivianas cayeron 24% en valor y 19% en volumen. Este comportamiento alcanzó a los productos no tradicionales que disminuyeron 20% y 31% en las mismas categorías y periodo. Si a esto se suma el decrecimiento de la variación acumulada del PIB del sector industrial en -0,8%, y de los hidrocarburos en -5,70%, durante el segundo trimestre de 2023, el elevado aumento del riesgo país en noviembre, la disminución extrema de las reservas internacionales netas, el incremento constante de la inflación, el mayor costo de los servicios de la deuda externa y la persistencia del alto déficit fiscal, es evidente que nos encontramos frente a un inocultable y sostenido deterioro de nuestra economía.

Si añadimos los conflictos políticos que están afectando la gestión gubernamental, los desastres ambientales que amenazan la producción y la seguridad alimentaria, la situación crítica de las finanzas de muchos gobiernos subnacionales y los problemas generados por la escasez de diésel, la falta de dólares en el mercado, y el aumento de las comisiones bancarias para operaciones en moneda extranjera, la situación se vuelve más compleja y la incertidumbre se acrecienta, ya no solo para la macroeconomía sino para los ciudadanos a quienes los problemas les están llegando cada vez con mayor rigor.

Más allá de las responsabilidades, acciones, omisiones o los problemas externos que nos condujeron hasta este punto, es muy probable que haya llegado el momento de asumir con honestidad, que el riesgo de una crisis es cada vez más evidente, y que nuestra primera tarea como país, debe ser la búsqueda de medidas urgentes de prevención y mitigación de sus efectos en el corto y mediano plazo.

El esfuerzo del Gobierno por mantener la estabilidad es destacable, sin embargo, no responde a los problemas urgentes y necesarios que nos toca enfrentar en el corto plazo, porque parte de la premisa de que la economía va a resistir en las actuales condiciones, hasta que el programa de industrialización empiece a tener resultados. Lamentablemente, la velocidad del deterioro y la suma de variables no contempladas, están complicando la situación, generando mayor inseguridad, y acercándonos cada vez más a un escenario insostenible.

Debemos recordar que, en circunstancias de crisis, muchos países acuden a la disminución drástica del gasto estatal, elevación de impuestos, despidos masivos, eliminación de los subsidios, impresión inorgánica de moneda, suspensión del pago de la deuda externa e incluso corralitos bancarios, como medidas de shock, para evitar colapsos y sostener el funcionamiento del Estado.

Es evidente que ese tipo de decisiones no podrían aplicarse en Bolivia debido a que no garantizan una recuperación sostenida y, sobre todo, a que sus efectos sobre la población pueden ser devastadores y ocasionar un aumento de la conflictividad social y un desgaste de gobernabilidad. Por eso mismo debemos evitar que se llegue a esa situación.

Para ello, urge la apertura de un espacio de diálogo sin exclusiones, donde, partiendo del sinceramiento sobre el estado de la economía se asuma con claridad que todos debemos ser parte de la solución, más allá de las diferencias y controversias. Precisamos despojarnos de la desconfianza y los intereses sectoriales y abrir un diálogo liderado por el Gobierno, del que participen las entidades territoriales autónomas, parlamentarios, sectores empresariales, mypes, y todos los actores que tengan que ver directamente con la cadena productiva, para trazar conjuntamente una ruta de acción, y donde también se debatan las propuestas presentadas desde hace años por entidades especializadas, expertos y académicos, que avizoraban una situación como la que parece avecinarse.

Los bolivianos ya no podemos transitar entre el catastrofismo de unos y el negacionismo de otros. Necesitamos un mínimo nivel de acuerdo y consenso para tomar medidas urgentes que permitan viabilizar el crédito externo, disminuir el gasto público no esencial, eliminar la subvención a empresas públicas deficitarias, reprimir con mayor rigidez el contrabando especialmente de combustibles, derribar las barreras a la exportación y al uso de biotecnología y, sobre todo, impulsar la economía privada formal (la única que puede garantizar la generación de empleo y el aumento de la demanda agregada) a través de la construcción de mayores y mejores condiciones para afrontar complejos entornos como los que estamos viviendo.

La voluntad ciudadana está probada, falta saber si hay voluntad y responsabilidad política para enfrentar lo que parece inevitable.