“Sabemos a dónde vamos”

Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Ese añejo dicho popular calza bien a la actual situación del Gobierno de Luis Arce y David Choquehuanca en áreas clave. Con entusiasmo han autorizado añadir a la colección de eslóganes uno que ahora dice: “Sabemos a dónde vamos”. Tiene al celeste como color dominante —ya no el azul—, y muestra a los mandatarios sonrientes dándose la mano, ambos con sus símbolos de presidente y vicepresidente del Estado.

Varios lemas publicitarios han acompañado la gestión de Arce y Choquehuanca hasta el momento y no hacen otra cosa que poner al descubierto la falta de un objetivo estratégico central que ayude, incluso a su administración, a visualizar a Bolivia en el mediano plazo, en el bicentenario de la fundación de la República, al margen de la parafernalia de los eventos de celebración que seguramente abundarán en 2025.

“Vamos a salir adelante”. “Estamos saliendo adelante”. “Somos el gobierno de la industrialización”. “Sabemos a dónde vamos”. ¿Tantas consignas representan la flexibilidad táctica de la estrategia de comunicación, aquella de la que Arce presumió en su mensaje a la Asamblea Legislativa al referirse sobre el modelo económico social comunitario productivo? Claro que no. Es la demostración del laberinto en el que se encuentra el Gobierno.

Tener un mensaje, un eslogan, un lema, una consigna cada año no dice nada bien de un Gobierno que cree encarnar un proyecto estatal y cuya principal responsabilidad es dar certezas sobre la ruta que deben seguir, en este caso, 12 millones de bolivianas y bolivianos hacia el hito mayor: el Bicentenario y la posibilidad de reelección de los principales gobernantes.

Hay que recordar que Arce, Choquehuanca y sus respectivos equipos de trabajo ya están transitando el penúltimo año del período constitucional 2020-2025. No sabemos si nos someterán a más lemas publicitarios que por el momento solamente muestran falta de rumbo estratégico. Veamos algunas áreas en las que la nueva frase puede terminar siendo contraproducente.

Eso de “Sabemos a dónde vamos” choca, por ejemplo, con el extravío gubernamental en la valoración política, medioambiental y económica de los incendios forestales y la devastación que provocan en la naturaleza, las vidas de los damnificados, los factores económicos y productivos, y en el sentido de la solidaridad ante el sufrimiento del prójimo por la falta de compromiso y empatía desde el poder.

Las quemas comenzaron hace poco más de un mes y en sus discursos del 8 de noviembre de 2023, ninguno de los dos mandatarios dijo algo concreto sobre el fuego en el occidente y oriente del país. La gente afectada clamó ayuda y los niveles regionales propusieron declarar emergencia nacional. La respuesta del Gobierno, a través del Viceministro de Defensa Civil, fue: “Todo está controlado”.

No fue sino cuando el fuego consumió flora, fauna, casas, vehículos y hoteles en el ingreso al Parque Nacional Madidi que el Ejecutivo armó un comando de incidencias en el norte del departamento de La Paz con la participación de cinco ministerios. ¿Qué ocurrirá con los incendios forestales en Santa Cruz y Tarija? Las autoridades prefieren denunciar que hay manos negras que están incendiando bosques y praderas en el país.

En el ámbito económico, ¿en serio los mandatarios tomados de la mano saben a dónde vamos si su reacción ha sido, y es, negar la falta de gas natural, de carburantes, de dólares, de reservas internacionales y de perspectivas hacia el futuro? El nuevo eslogan resulta, entonces, una frase hueca, insustancial y, por tanto, sin efecto movilizador en el gran público.

Así como la respuesta gubernamental ante las quemas fue “todo está controlado”, las filas de micros, buses, camiones y cisternas en busca de diésel y las dificultades en la provisión del carburante —por incumplimiento de pagos a proveedores extranjeros— han sido respondidas con frases de libreto: “la distribución es normal y la provisión está garantizada".

Ni qué decir de lo que ocurre en el terreno político. Dos hechos, en menos de 24 horas, dejan ver que no saben a dónde van ni de dónde vienen los tiros. Primero, en el caso del asesinato de un policía y un informante, el Ministro de Gobierno, propaló una noticia falsa sobre la captura de uno de los autores del doble crimen.

¡Ups! Eduardo Del Castillo tuvo que borrar la fake news de sus redes sociales, mientras las otras autoridades del Ministerio de Gobierno dejaron de contestar a los incómodos periodistas en sus teléfonos celulares. No faltará algún oficialista oficioso que diga que se trató de una confabulación política para desprestigiar al súper ministro, cuando queda claro que hay descontrol en un área altamente sensible para el gobierno nacional.

Segundo, parece que la censura precisamente al Ministro de Gobierno en la Asamblea Legislativa no dejó ninguna lección para el arcismo. Sus operadores políticos en el Ejecutivo y Legislativo volvieron a quedar en ridículo con el rechazo de la mayoría del Parlamento a la modificación del Presupuesto 2023 para dar más recursos a alcaldías, universidades públicas y gobernaciones, y aprobar disposiciones persecutorias mediante la investigación financiera de cuentas bancarias de cualquier boliviano.

Creyeron que era suficiente repetir la receta de la presión social e institucional. Pusieron a alcaldes y vecinos en los alrededores y en el hemiciclo de la Asamblea Legislativa para que griten insultos y advertencias, y muestren pancartas, pero no garantizaron la mínima cantidad de votos de senadores y diputados que se necesitaba para cumplir la misión político-parlamentaria.

La diferencia de votos entre el rechazo y la aprobación al PGE reformulado no fue estrecha: 92 votos en contra y 62 a favor, lo que ratifica que el arcismo perdió el rumbo hace rato en el terreno de la lucha política.

“Sabemos a dónde vamos”, dice el nuevo eslogan del Gobierno de Arce y Choquehuanca, será la materia primera de toda pieza comunicacional que se ponga en circulación. Por la imagen que acompaña a la frase, parece que lo único que saben es que tienen el deseo de repetir sus cargos otros cinco años, entre el 2025 y el 2030.

El autor es periodista