Transacciones vemos, lo demás no sabemos

El cambio de propietario del periódico Los Tiempos no es una transacción más entre partes interesadas. Sus implicaciones políticas van más allá de lo que las libertades pueden permitir en un Estado de Derecho. Hace parte de una estrategia de control y uniformización de la opinión pública. Demuestra la vana intención por evitar que exista un pensamiento crítico o cuestionador del poder. Todas ideas autoritarias y poco pluralistas de los siglos pasados.

En Bolivia se ha intentado controlar la información durante todo el siglo XX, a través de distintas modalidades basadas en la idea de que la prensa “tiene que decir la verdad”. La única verdad. La del poder. Los Gobiernos autoritarios han intentado modificar la Ley de Imprenta en muchas oportunidades. Se han encontrado con una fuerte resistencia por parte de los periodistas y de la sociedad civil. El actual gobierno ha sido más creativo y eficiente en sus propósitos. No ha requerido cambiar la legislación. Pero ha logrado cooptar importantes redes y medios que representaban una amenaza a su versión oficial de la realidad. Los mecanismos son diversos: compra de acciones, acoso a periodistas críticos, asfixia económica, persecuciones por parte de oficinas impositivas, etc. Todos con el mismo propósito: eliminar el pensamiento divergente.

Lo que ocurrió fue que el sistema político ha invadido al mediático. La evidencia es que los medios ocupan algún lugar en la pugna entre los polos en contienda. Cosa que no debiera ocurrir para que la democracia se desarrolle idealmente en un contexto de convivencia entre diferentes. Pero eso es idealismo. Las polarizaciones locales son también internacionales y globales. En el fondo está el interés por el control de recursos naturales codiciados por el capitalismo extractivista. Ambos polos tienen intenciones perversas. Y los medios de comunicación están a uno o al otro lado. 

Los medios de comunicación ya no tienen el poder que tuvieron en el siglo XX. Su incidencia en la construcción de la opinión pública está muy debilitada. Los ciudadanos ubican perfectamente el color al que responde la producción de los contenidos periodísticos. Utilizan los datos que consideran confiables y los contrastan con información de otras fuentes no mediáticas, para alimentar sus propias convicciones. Las Redes Sociales han desplazado a los medios en sus capacidades del ejercicio de la Libertad de Expresión. La gente no puede opinar libremente en los medios masivos. También han sido desplazados en la función que tienen de garantizar el ejercicio del Derecho a la Información. No pueden hacerlo porque sus líneas editoriales responden a líneas políticas e intereses económicos. La búsqueda obsesiva de mayor rating se expresa en vulgar sensacionalismo y superficialidad, inclusive en temas políticos. Las redes sociales se han convertido en escenario de disputa política y arma de lucha para fortalecer o destruir al otro. Pero también sirven para que colectivos ciudadanos comprometidos con causas y principios democráticos produzcan contenidos confiables. Los periodistas perseguidos se trasladaron a las redes sociales donde trabajan con libertad. Aumentaron las fuentes de información de manera gigantesca.

A eso se suma que las personas con más fieles a discursos originados en contextos privados, como los familiares o comunitarios, que actúan como nichos de percepción construidos en coherencia con sus contextos concretos. Las organizaciones sociales sostienen discursos que determinan la percepción con más contundencia de lo que circula en los medios y en las redes sociales. Masistas y opositores piensan más dogmáticamente que con argumentos lógicos. Para mucha gente, las ideas políticas son mitológicas. No se pueden cuestionar. En esos amplios sectores de la sociedad, el rol de los medios es prácticamente irrelevante.

Pero no supone que tengamos que renunciar a la independencia de los medios ante el sistema político. Los medios de comunicación y sus salas de prensa tendrían que atender el rol que la sociedad les ha asignado: satisfacer el Derecho a la Información, atendiendo los principios de Libertad de Expresión y veracidad, como lo dice nuestra Constitución Política. Por eso, esta transacción empresarial no es inocente. Es un síntoma más que debiera ponernos en alerta.