Un Estado que controla la economía se vuelve ineficiente y peligroso

La temprana electoralización de la agenda política y la crisis que atravesamos, están generando en el país un intenso debate sobre el rol que debe desempeñar el Estado en la economía. Aunque la controversia no es nueva ni es exclusiva de nuestra sociedad, su consideración va a ser fundamental en los espacios de reflexión y análisis especializados.

Es importante advertir que las funciones y los límites del Estado están contenidos en la Constitución Política de cada país y su definición depende de muchos factores como la cultura política, la ideología dominante, la tradición e incluso el grado de desarrollo. En la mayoría de los casos se asume que sus responsabilidades esenciales son mantener el orden y la seguridad pública, defender el territorio, legislar, administrar justicia, gestionar la recaudación impositiva y garantizar el cumplimiento de los derechos ciudadanos.

Sin embargo, en algunos regímenes proclives a la autocracia, el populismo o el socialismo, también les asignan otros que no les conciernen, como el control total de las relaciones económicas, lo que produce distorsiones y crisis en todo el sistema, porque conducen a las instituciones del Estado a ser ineficientes e incumplir las otras tareas que le son inherentes.

En el caso boliviano, hay muchas señales que nos indican que la persistencia y la obsesión por controlar la economía y convertir al Estado en planificador, organizador, empresario, banquero, comerciante, productor, etc., afecta a la sostenibilidad del desarrollo y debilita otras áreas en las que se precisaba un Estado fuerte, eficiente y dedicado.

En 2018 Bolivia perdió el juicio internacional contra Chile para obligarlo a negociar una salida al Pacífico, y en 2022 tuvo el mismo resultado por las aguas del Silala. Además de la derrota diplomática producto de la impericia y la improvisación, hemos consolidado, posiblemente para siempre, una injusta mediterraneidad.

Entre 2006 y 2023, Bolivia enfrentó sin éxito 16 juicios internacionales que le costaron a nuestra economía 1.090 millones de dólares, y que correspondían a procesos por medidas tomadas por el Gobierno. Si a estos se suma nuestra exclusión del corredor interoceánico vial y la incapacidad para atraer inversiones extranjeras, resulta evidente que el rol de defensa y promoción de los intereses nacionales en el exterior ha sido en los últimos años uno de los más grandes fracasos de nuestra historia.

No es la única función incumplida. La debilidad en la vigilancia de las fronteras se traduce en un aumento exponencial del contrabando que hoy representa más de $us 3.000 millones anuales y afecta gravemente al sector industrial.

La administración de justicia es otro fiasco del Estado. Sumido en una enorme crisis de falta de transparencia, eficiencia, independencia y credibilidad, el sistema judicial refleja el incumplimiento de una de las funciones elementales del Estado y el abandono de su principal responsabilidad.

Este incumplimiento también ha tenido efectos perniciosos en el crecimiento y el desarrollo. De hecho, los problemas económicos que hoy padecemos se originan precisamente en la falta de previsión y la débil implementación de políticas de diversificación productiva. Y esto se debe a que los administradores de la cosa pública siempre priorizarán los resultados a corto plazo que les generen réditos electorales, lo que no sucede con la gestión privada que vela ante todo por la sostenibilidad y el crecimiento como factores principales de la gestión. 

La imprevisión y el afán de control total de la política estatista hoy cobra elevadas facturas que se reflejan en las cifras negativas sobre reservas internacionales netas, déficit fiscal, déficit comercial, deuda pública, índice de riesgo país, libertad económica, percepción de la corrupción, inversión extranjera directa, productividad, informalidad, presión fiscal, facilidad para hacer negocios, entre otras.

El debate sobre el rol del Estado en la economía es necesario y urgente, especialmente para evitar que en nuestro país se repitan las experiencias de Argentina, Cuba o Venezuela, cuyos gobiernos decidieron el control total de la economía como condición para ejercer el poder y llevaron a sus pueblos a la miseria, la corrupción extrema o la violencia. El Estado es una construcción del pueblo soberano y no puede convertirse en su opresor, vigilante o persecutor; tampoco puede ser utilizado por los proyectos de poder, como argumento o justificación para imponer modelos económicos que cercenan las libertades en nombre de un desarrollo construido a costa del abandono de las obligaciones esenciales como son la justicia, la seguridad, la paz y la libertad.