Una urgente y necesaria reforma del sistema judicial

La situación de la justicia en Bolivia es preocupante y refleja un deterioro sistemático que se ha gestado a lo largo de más de dos décadas sobre la base de cuestiones irresueltas que superaron los esfuerzos, pero también las voluntades de los diferentes gobiernos de turno. Diversos indicadores, como las tasas de rezago judicial, la limitada cobertura de los servicios de justicia, los índices de percepción de la corrupción y la falta de separación de poderes, entre otros, evidencian una baja credibilidad en el sistema de administración de justicia en el país.

Encuestas realizadas por el Proyecto de Opinión Pública en América Latina (Popal), la Alianza Observación Ciudadana de la Democracia (OCD), Fundación Jubileo, Red de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (Unitas) y otras organizaciones confirman esta tendencia marcada por altos índices de desaprobación que han alcanzado más del 80% de falta de credibilidad en la justicia boliviana, cifra que ya por el año 2014 bordeaba el 60%. Este problema no distingue entre actores de las distintas tiendas políticas; todos coinciden en que el sistema judicial boliviano presenta deficiencias críticas y estructurales.

La mala administración de la justicia ha dañado el Estado de derecho y a la institucionalidad, pilares fundamentales de los estados democráticos como el nuestro. Uno de los últimos acontecimientos relacionados con este asunto fue la clara incapacidad de la Asamblea Legislativa Plurinacional para aprobar la ley de convocatoria a las elecciones judiciales que debían antes del fin de la gestión 2023, contraviniendo el mandato que el pueblo le ha conferido para cumplir a cabalidad todas las disposiciones constitucionales vigentes. Acerca de ese tema, motivo de bochornosos sucesos que socavan la institucionalidad del sistema judicial, no es menos importante recordar las elecciones judiciales realizadas en 2011 y 2017, eventos electorales marcados por altos índices de ausentismo y nulidad de votos que sobrepasaron el 60% en ambas ocasiones, evidenciando una total desconfianza de la población en el proceso y una natural ilegitimidad que acompañó las gestiones de aquellas autoridades judiciales.

Recientemente la politización de la justicia se intensificó con la fractura interna del Movimiento Al Socialismo (MAS), que derivó en un escenario de conflictividad y caos social en el país con bloqueos, desabastecimiento y enfrentamientos, incidiendo directamente y de manera negativa en nuestra economía ya afectada por la crisis del 2023 y los efectos postpandemia de años anteriores.

Por esta razón es fundamental exigir a los actores políticos que resuelvan sus disputas internas sin recurrir a manipulaciones legales que afectan mucho más aún a un sistema judicial casi en agonía y que lo único que hacen es anteponer los intereses político-partidarios por encima de las prioridades ciudadanas. El cuestionamiento debe trascender el análisis del conflicto interno del partido de gobierno ya que circunscribirnos solo a ese aspecto no es nada más que permanecer atrapados en una distracción política. Es necesario vislumbrar la oportunidad que este conflicto trae y que apunta a reencaminar todos los esfuerzos y acciones para reestructurar el sistema de justicia mediante el diálogo ciudadano, interinstitucional e interpartidario. Esto implica no sólo convocar a nuevas elecciones judiciales, sino reformar integralmente el sistema de justicia para superar las deficiencias estructurales identificadas, restaurando la independencia judicial y reponiendo la confianza de la población en sus autoridades e instituciones.

El autor es analista político y concejal municipal de La Paz