El problema no es la cohesión social

Vamos a los puntos centrales del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),Cohesión social: el desafío para la consolidación de la democracia en Bolivia. Su objetivo es analizar los avances y desafíos respecto de los derechos humanos en nuestro país en los últimos 17 años.

Curiosamente, el informe usa el concepto “cohesión social” 35 veces, pero no lo define en ninguna. Quedo con la sensación de que los autores no saben de qué están escribiendo.

El informe empieza bendiciendo la instalación de nuevos derechos por el “proceso de cambio”, pero omite decir que el tercer período de Evo Morales, el desconocimiento del referéndum del 21F y el fraude electoral de 2019 fueron una grave violación del derecho de los bolivianos a elegir a sus autoridades. 

Ante la polaridad, que tampoco define, el informe recomienda abundantes dosis de “consenso y diálogo”. Pudo decir que la semilla de la polarización la plantó el MAS, que desde el año 2000 se ha empeñado en difundir un discurso victimista y revanchista contra la minoría “española, blanca y gringa”, valiéndose continuamente de medios de comunicación pagados con dinero público. 

El informe afirma que Bolivia ha hecho “significativos avances” en los derechos, especialmente en los de género y de los pueblos indígenas. Se equivoca. Por ejemplo, la titulación colectiva de las tierras de origen impide las inversiones de propios y extraños en la actividad agropecuaria, resultando en la obstrucción de la formación de capital y en la imposibilidad de generar empleo y elevar los ingresos, es decir, desemboca en la perpetuación de la pobreza.

No nota que las medidas que obligan a la igualdad de género en muchos procedimientos públicos está terminando en la búsqueda de mujeres para que se postulen, aunque éstas no lo deseen ni reúnan los requisitos necesarios. El resultado es un desempeño inferior al que se conseguiría si no existiera ese requisito caprichoso. Ni se percata de que el derecho a la alfabetización en la lengua materna está arrojando resultados desastrosos. 

El informe sostiene que la polaridad amenaza a la institucionalidad democrática, el Estado de derecho y la libertad de expresión. Habría sido más correcto escribir que el régimen del MAS controla directamente el Órgano Judicial (incluido el Consejo de la Magistratura), el Órgano Electoral y entidades especializadas que deben ser totalmente independientes, como el Banco Central, la Contraloría, y la Defensoría del Pueblo. Y debió decir que el MAS ha creado una densa red de medios de comunicación públicos y que hostiga continuamente a los medios de comunicación independientes.

El informe reconoce que la justicia boliviana tiene problemas, pero no señala su causa profunda, que ha sido el control que ha ejercido el Órgano Ejecutivo sobre el Órgano Judicial a lo largo de muchos gobiernos, acentuado extremadamente durante el régimen del MAS. Tampoco señala su insuficiente financiamiento, que le impide tener infraestructuras y equipos adecuados y el personal más calificado. Y no señala que el régimen del MAS ha faltado completamente a su compromiso manifiesto de reformar la justicia, y que, por el contrario, ha instalado procedimientos dudosos de elección de altas autoridades judiciales, que controla casi en su integridad.

El informe de la CIDH habla de “violencia y graves violaciones a los derechos humanos…entre el 1º de septiembre y 31 de diciembre de 2019”.  Se refiere especialmente a los fallecidos en Senkata y Sacaba ese año. Sin embargo, ha omitido mencionar que se ha demostrado claramente que gran parte de los disparos letales no pudieron ser realizados por el Ejército, como bien resumió Emilio Martínez en Los cinco mitos de octubre.

Es iluminador que el informe no mencione la existencia actual de más de 200 presos políticos, el uso abusivo de la detención preventiva y la situación completamente irregular de la señora Jeanine Áñez, que tiene derecho a un juicio de responsabilidades, pero que, en lugar de ello debe sufrir juicios ordinarios paralelos, en los que las causas han sido separadas porque el Gobierno quiere asegurar sentencias condenatorias.

Estos puntos fueron puestos a la vista de los miembros de la misión de la CIDH por varios representantes de la sociedad civil. No me respondan que no fue así porque yo estuve ahí, participé, lo vi y escuché por mí mismo.

No sorprende que dos borradores de este informe hayan sido remitidos al Gobierno, para que éste dé su acuerdo. ¿Informe independiente? En absoluto.

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