Una inaceptable extorsión contra el pueblo

La reelección indefinida (ni continua ni discontinua) no existe en la Constitución Política del Estado (CPE) y, según la opinión consultiva de la CIDH, tampoco es un derecho humano; por el contrario, tanto la CPE anterior como la CPE actual limitan la reelección a un único período. Por tanto, el presidente y el vicepresidente tienen derecho a una única reelección, discontinua en la anterior CPE y continua en la CPE actual.

Por tanto, Evo Morales está constitucionalmente inhabilitado para una nueva reelección (ni continua ni discontinua), ya que no sólo ya disfrutó de ese derecho constitucional reeligiéndose el año 2009, sino que excedió su derecho a dicha única reelección, haciéndose reelegir el año 2014, en una segunda ratificación mediante un amaño ilegal arguyendo que su primera reelección había sido en la República de Bolivia y que como Estado Plurinacional le correspondía su única ratificación. Ni que decir de su intento de tercera reelección en las elecciones de 2019.

En consecuencia, lo que Morales está tratando de hacer, mediante una mentira con la que engañó a sus seguidores, es habilitarse por la fuerza al margen de la CPE, ya que para una habilitación legal necesitaría reformar la ley, incorporando en su texto la reelección indefinida, pretensión que el pueblo boliviano rechazó con un rotundo NO el 21F de 2016. Más aún, si hoy volviera a convocarse a un nuevo referendo para incorporar en la CPE la reelección indefinida, el resultado sería un NO más rotundo.

Por ello, la amenaza de Morales de “incendiar el país si no le habilitan inconstitucionalmente es una extorsión inaceptable al pueblo boliviano y a la institucionalidad democrática”.

Lo razonable, legal y democrático es que Morales acate la CPE, la voluntad del pueblo expresada en el referendo del 21F y cumpla su palabra de “retirarse a su chaco en el Chapare con su quinceañera”, refrenando su desmedida ambición.