Militarizar las subvenciones

Con el argumento de defender la economía del pueblo y evitar la comercialización ilegal el gobierno central ha decidido militarizar las estaciones de servicio que venden gasolina y diésel. Este es uno de los grandes problemas nacionales provocado por las subvenciones groseras en las que aún persisten los gobernantes, y que al mismo tiempo están muy vinculadas con bochornosos procesos de corrupción en la compra de combustibles en el mercado internacional. Algunos periodistas han sentado varias denuncias sobre el intercambio de cientos de millones de dólares, obviamente con recursos públicos, en beneficio de grupos poderosos que trafican con combustibles. Dicen las malas lenguas que el Estado Boliviano compra el litro de gasolina en Bs 10 (quizás más que menos) de los revendedores extranjeros y lo vende a Bs 3,74 en el mercado interno, lo que significa que existe una subvención de Bs 6,26 que se esfuma de forma irreversible. Ni hablar de los sobreprecios convenidos en la adquisición.

Aquí hay una movida financiera que compromete seriamente la solvencia de las arcas estatales y, como resulta lógico en el escenario populista, esa gasolina y ese diésel tienen que llegar a la gran mayoría de la población para plasmar el beneficio comunitario. Dicen los gobernantes que intervienen los militares para evitar que los especuladores puedan acaparar esa gasolina regalada y comerciarla a precios internacionales dentro o fuera de nuestras fronteras ganando por lo menos esos Bs 6.26 por litro subvencionado. Este escenario pone al descubierto la falta de control transversal en la cadena de provisión de combustibles y queda demostrado con esos letreros que dicen “compro gasolina”, muy comunes en las principales carreteras del país. Así se confirma ese círculo vicioso en el que se encuentra comprometido el mismo gobierno, que negocia con las reservas internacionales y los inescrupulosos que en todo el territorio nacional especulan con gasolina y diésel. 

La presencia de los militares para controlar las subvenciones puede resultar siendo una medida política que favorezca al gobierno en su plan de defender la economía popular, pero resultaría siendo una gran afrenta que los militares intervengan en el libre mercado para garantizar la provisión de tomates, arroz, licuadoras o de cualquier otra mercancía que se encuentra circulando de manera natural, no sólo en las provincias y departamentos sino más allá de las fronteras. Todos sabemos que los mercados funcionan mejor cuando hay competencia y libre comercio. La intervención militar en estos niveles de comercialización podría distorsionar y reducir la competencia y llevar a una ineficiencia en la distribución de los recursos. Todos recuerdan que alguna vez el gobierno intervino en la compraventa de garrafas de gas para limitar la provisión de una garrafa por familia, lo que terminó siendo un fracaso por los evidentes indicios de corrupción pública y privada que benefició a ciertos grupos con las subvenciones, que también se confirman en el mercado del gas licuado de petróleo. 

Se rumorea que toda esta crisis es absolutamente artificial y que se encubre desde el gobierno con la palabra mágica de “sobredemanda de combustibles”, y que se ha convertido en un estribillo oficialista, que va en paralelo con la solución práctica de reducir el gasto público en las planillas de personal del aparato estatal, obligar a los funcionarios mayores de 65 años a la jubilación forzosa y la eliminación gradual de las subvenciones a los combustibles. 

Aún con la presencia de los militares en los surtidores de gasolina queda claro que este país tiene un modelo económico absolutamente liberal y capitalista, íntimamente atado a la libre iniciativa de los bolivianos emprendedores. Los militares no están entrenados en la gestión económica y de mercados a campo abierto. Su intervención solo está profundizando la administración ineficaz de la venta de combustibles sin beneficiar a la economía. En algunos países, como Venezuela, la intervención militar en los mercados ha generado desabastecimiento, inflación y el deterioro de la economía. Estos ejemplos muestran que, aunque la intención puede ser proteger la economía popular, los resultados a menudo son contraproducentes.